El pasado 13 de enero, el Tribunal de la Contratación Pública (TCP) dictó el “cúmplase” de la sentencia definitiva que esta misma instancia falló en un principio, confirmando que fue “arbitraria e ilegal” la actuación del alcalde de Punta Arenas y de algunos concejales. Al no adjudicar a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Mancilla y Asencio Ltda., la concesión del Servicio de Recolección y Transportes de Residuos Sólidos de la comuna, en 2009.
El pasado 6 de agosto se dictó la sentencia definitiva de primera instancia, donde se acogió la demanda de la empresa, declarando el TCP que era ilegal y arbitraria la decisión de los integrantes del Concejo Municipal de no adjudicarle dicha licitación. Este pronunciamiento fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia definitiva de segunda instancia, dictada el 23 de noviembre de 2010, la que actualmente se encuentra a firme y ejecutoriada, ya que el TCP dictó el “cúmplase” la semana pasada al no haberse presentado ningún recurso para revertir el fallo, a pesar de lo manifestado por el edil, quien aseguró a fines del año pasado, que iba a recurrir a todas las instancias para anular el difícil escenario que se le plantea.
Con este avance del proceso judicial, sólo le resta a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Mancilla y Asencio Ltda., estudiar las acciones judiciales futuras, las que podrían relacionarse con el pago de una indemnización por parte del alcalde y de los concejales, monto que podría superar los $ 4 mil millones.