“Eso es justamente lo que es: un proyecto y, como tal, es susceptible de ser modificado o corregido”, dice la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Sandra Amar, frente a la polémica suscitada por el proyecto que impulsa el gobierno en relación a la extensión del post natal. La iniciativa legal que el año pasado fue uno de los compromisos presidenciales adquiridos por el mandatario Sebastián Piñera; este 2011 pretende transformarse en ley de acuerdo a lo sostenido por éste, donde señaló que “flexibilizaremos la aplicación del pre y post natal para adecuarlo a las necesidades y preferencias de cada familia”. Hoy, lo sustancial de la promesa está intacta. Sin embargo, ha sido criticada por algunos parlamentarios de la Concertación. Pese a ello, el llamado del gobierno ha sido al diálogo y a no prejuzgar.
“En este sentido, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei reiteró la gran disposición del gobierno y de nuestra cartera a acercar posturas y madurar ideas; a escuchar propuestas que tiendan al beneficio de todos. No obstante, lo que hoy vemos son prejuicios que en nada contribuyen a mejorar el proyecto”, sostiene Amar.
De hecho, la autoridad regional explica que el Ministerio desea velar tanto por el bienestar de la familia y las madres como por la empleabilidad de las mismas. “En esto, el Presidente ha sido muy consecuente, porque todos los esfuerzos de este año apuntan a aumentar la fuerza de trabajo de la mujeres que en la actualidad está por debajo del promedio sudamericano y del de la OIT. Es por eso que el post natal debe ser bien elaborado previo trabajo con todos los actores sociales y expertos. No por nada los entendidos en la materia recomiendan contar con un post natal que no perjudique a las mujeres en su incursión laboral", asegura Amar.
Hoy se desea flexibilizar la extensión del post natal de 3 meses –que estipula el Código del Trabajo en su artículo Nº 195 de Título II “De la Protección de la Maternidad”, hasta los 6. La iniciativa aún no se ha cristalizado y está en una etapa de definición que espera recoger las opiniones de otros expertos y miembros del parlamento que aporten positivamente en beneficio del bien común.