Mucho ha tenido que reflexionar la derecha ante el difícil escenario que tendrá que enfrentar en términos políticos a nivel regional, luego de que el conflicto por el gas develara una debilidad oficialista hasta hace muy poco latente. Que, hoy por hoy, va a mantener los ojos puestos en los movimientos que el Gobierno, -como ya anunció unas semanas atrás- tenga pensado hacer al interior de su administración en Magallanes y, a su vez, en el rol que puedan jugar los partidos gremialistas claramente distanciados del Gobierno Regional (GORE), por la forma en cómo éste manejó la problemática.
A raíz de esta crisis, son tres las dificultades que se imponen al avance político de la Alianza desde este preciso instante en la región y que llama a la necesidad de un rearme. La primera de ellas, la realidad de cara a las elecciones de 2012 y 2013, en un contexto en el que las cifras que no mienten. Si el Presidente Sebastián Piñera obtuvo un holgado triunfo en las elecciones pasadas de enero de 2010 con un 54% de los votos favorables, al iniciarse el proceso de movilizaciones que organizó la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM), las mediciones del Ejecutivo alcanzaban un abrumador 80% de desaprobación. Sumado a ello, el fenómeno social regionalista que afloró contrario a las medidas que, a su juicio, “economicistas”, intentaba priorizar el Gobierno en pos de la empresa privada y no la comunidad, y que llevó finalmente a las personas a enrolarse en un sentimiento de repudio con sus gobernantes alzando banderas negras e incluso argentinas por todos los rincones de la Patagonia chilena. Esto dio paso, sin duda, a la instalación de una falta de legitimidad tremenda en las autoridades de la zona para llevar adelante cualquier negociación que se quisiera emprender.
De esta forma, sin parlamentarios y con una evidente presencia de la línea independiente en las autoridades electas por la ciudadanía, los inconvenientes para la derecha son aún mayores pues marcan un precedente para una posible derrota en las municipales del próximo año y las parlamentarias de 2013, que tal vez, ni siquiera se tengan las opciones seguras para presentar a una eventual competencia.
Le sigue, posteriormente, el modelo de Gobierno Regional que se implementó y que habrían dado a conocer fuentes cercanas a La Moneda, no dio los resultados esperados dado que gatilló entre las dos más importantes autoridades de confianza del Mandatario, la intendenta, Liliana Kusanovic, y la gobernadora de la provincia de Magallanes, Gloria Vilicic, una relación insostenible que terminó por distanciar políticamente los entendimientos entre ambas. Se habla de un diseño en el que iban a primar las capacidades técnicas de Kusanovic, apoyadas por las virtudes políticas de Vilicic, lo que en definitiva terminó poniendo a una y a otra casi de “bandos contrarios”: la Gobernación cercana a la Asamblea y la Intendencia fiel a la administración que desde Santiago le daba las instrucciones para manejar el conflicto, pese a que ya había escapado de sus manos lo que obligó a viajar hacia esa ciudad a la Jefa del GORE, para que se ejerciera la correspondiente intervención ante el estado de incertidumbre por la compleja situación que se vivía en esta zona y que se veía venir si no se solucionaba rápido. Ahora, es el mismo Ministerio del Interior quien se encuentra evaluando los antecedentes para decidir la continuidad de estas autoridades en sus actuales puestos.
Por último, la indiscutible influencia de los independientes en el quehacer político regional, que incluso ha llevado a algunos a denominar las gestiones legislativas del diputado Miodrag Marinovic y el senador Carlos Bianchi, como el “co-gobierno” de Magallanes, por los frutos que ha dado su trabajo en temas relevantes para comunidad magallánica y la capacidad de “canje” que han tenido en el Parlamento, dado que sus votos casi siempre terminan siendo decisivos en polémicas discusiones. Así comenzó entonces, como ellos mismos afirmaron tras la intensas negociaciones de principios de enero, que la relación legislativa con el Gobierno “cambiaría”, pese a que la estrategia del Ejecutivo en el Congreso había sido que en el caso de que no lograran acuerdos con la Concertación, la recurrencia inmediata sería a estos dos parlamentarios que ya no tienen la misma disposición que antes para negociar votos con la administración de Piñera.