El concejal Roberto Sahr manifestó su preocupación por el resultado de la auditoría de transacciones que realizó la Contraloría Regional a la Municipalidad de Punta Arenas, cuyo informe final fue concluido en diciembre pasado. Entre las observaciones señaladas, el representante comunal reparó en el punto en que se manifiestan incongruencias en los programas de absorción de mano de obra cesante.
El escrito señala que los antecedentes contenidos en los informes enviados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de solicitar las remesas de dinero para el pago de los sueldos de los trabajadores, “difiere de lo que exactamente se está ejecutando y de la información real que se debiera enviar”.
El organismo fiscalizador también advirtió que se decretó como unidad técnica del programa la Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos, pero quien está actuando como tal es la Dirección de Desarrollo Económico Local, “lo cual es improcedente, dado que la responsabilidad final del programa está radicada en la Dirección decretada formalmente”, afirma la Contraloría. Añade que la entidad que está operando como responsable tiene centralizado todo el proceso relativo a los trabajadores que se desempeñan en los programas de empleo, “lo que genera que no existan medidas de control a los procesos de contratación y supervisión del personal del programa”.
Uno de los aspectos más delicados, es que la institución aseguró que “los trabajadores vinculados al programa se encuentran trabajando bajo supervisión de direcciones distintas a la unidad técnica, además cumplen funciones diferentes a las que les corresponden por el programa para el cual fueron contratados”, asegura, a lo que se añade que el registro de asistencia es irregular, ya que se llevan dos registros, “lo cual no refleja lo que realmente está ocurriendo y no permite determinar de forma eficiente las remuneraciones a pagar de acuerdo a los días trabajados”. Incluso, se manifiesta en el informe que no procede que los beneficiados se presenten y luego se retiren para cumplir otras labores, puesto que se trata de programas destinados para jefes y jefas de hogar.
Respecto a los contratos formales, se comprobó que las personas estuvieron desempeñándose un mes sin que se les haya creado un contrato. A su vez, la Contraloría Regional asevera que “no procede informar a trabajadores en dos programas con sueldos completos”.
Además, se confirmó que algunas personas que integran el plan de absorción de mano de obra desarrollaron funciones habituales del municipio: “se habría ocupado personal en los trabajos de recuperación de las oficinas arrendadas en calle Roca y que significaba mano de obra gratuita para la municipalidad”, aseveró el concejal, agregando que “pedí los antecedentes oficiales a la Dirección de Control en noviembre de 2010, los que hasta el día de hoy no me han sido respondidos adecuadamente”.
También se manifestó que no existe documentación que acredite que durante 2009 y 2010 se realizaron inspecciones en terreno de manera constante, para asegurar el cumplimiento de las labores designadas en cada proyecto y que no se estableció un mecanismo para comprobar la cantidad de horas cumplidas por los trabajadores.
En tanto, en el apartado final del ítem se indica que la municipalidad comenzó con el programa de desempleo sin poseer la aprobación de los fondos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Con el objetivo de determinar responsabilidades, el municipio deberá enviar a la Contraloría Regional el decreto que señale el inicio de las investigaciones sumarias correspondientes, al tiempo que la entidad manifiesta que las observaciones serán nuevamente investigadas en la siguiente auditoría que efectúe.