Uno de los procesos de adjudicación de contrato más polémicos y tardíos que ha registrado la Municipalidad de Punta Arenas, es el que requería el servicio de Limpieza de Zarpas, Vías y Espacios Públicos, el que debió ser votado en cuatro oportunidades por el Concejo Municipal. A pesar de que la comisión técnica evaluadora del municipio, concluyó que la oferta más conveniente era la que planteaba la empresa Carlos Estrada Ltda., los concejales Claudia Barrientos, Emilio Boccazzi y Mario Pascual acudieron a la contraloría para que esta verificara el cumplimiento de todos los procesos que se manifestaban en las bases, pues expresaron dudas con firmas, plazos, entre otros.
Todo ese proceso, más algunas faltas de quórum que no permitían alcanzar los votos necesarios para adjudicar o rechazar, originó que “se demoraron 60 días en otorgarme el contrato, el que se firmó a fines de diciembre, cuando la fecha de inicio de las operaciones era el 1 de enero”, afirmó Carlos Estrada.
Esta tardanza en confirmar la adjudicación, generó que la compra de las dos máquinas barredoras que debía concretar el empresario, ya que estaban consignadas en el contrato, también se retrasara y, con ello, el traslado de las mismas desde Inglaterra a Punta Arenas, lo que derivó en que el municipio le cursara una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que se traduce en $ 1.130.430, por no ofrecer el servicio completo que estaba estipulado en el convenio.
Estrada afirmó que al no cumplirse los plazos de aprobación por parte del Concejo Municipal, se vio perjudicado en poder concretar las transacciones de las máquinas, lo que se podría haber realizado dentro del período que indicaban las bases si los representantes comunales hubiesen finiquitado el tema en la sesión correspondiente.
“Los plazos que se señalaban en el contrato no se modificaron a pesar de que todo se finiquitó casi dos meses después de lo que se había dicho”, enfatizó el empresario adjudicado.
Contraloría
Los concejales José Saldivia, Roberto Sahr y Vicente Karelovic elaboraron una carta dirigida a la Contraloría Regional para que se pronuncie respecto de todo el proceso que involucró esta licitación, incluyendo lo pertinente de la multa.
“Reuní los antecedentes y realizamos la presentación para que se diluciden claramente las competencias del municipio frente a los argumentos del empresario, considerando que aduce una negligencia de la municipalidad por no cumplir con los plazos”, explicó Saldivia.
El objetivo es que un organismo imparcial determine las responsabilidades y que los procedimientos que se dicten sean acatados por las partes, incluyendo si la infracción económica no corresponde o si confirma que está bien cursada.
El concejal añadió que estima conveniente que todos los contratos que implican el otorgamiento de servicios deben ser fiscalizados, sobre todo, porque “son competencias exclusivas del municipio y está mandatado por ley”, aseguró.
De vuelta del receso del Concejo Municipal, Saldivia solicitará que se evalúe el cumplimiento de todos los contratos, para asegurar el absoluto cumplimiento de las empresas adjudicadas, pues se les cancela mensualmente para que entreguen un servicio a la comunidad.