Complejo es el escenario que se les avecina a las autoridades de la Región de Magallanes ante el positivo avance que ha tenido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Mina Invierno en Isla Riesco, debido a que son las que van a tener que dar luz verde en la Comisión Evaluadora a la iniciativa que se deberá aprobar antes del 14 de marzo, y que suma cada vez más detractores tanto a nivel nacional como regional a través de las distintas redes sociales.
No obstante a ello, también están quienes defienden el desarrollo del plan de explotación carbonífero en la zona, como es el caso de la máxima representante de los pobladores de Isla Riesco y, en general, de la comuna de Río Verde que es donde se inserta esta localidad: la alcaldesa Tatiana Vásquez (UDI).
Su férrea defensa a Mina Invierno ha sido, sin duda, motivo de polémica en la opinión pública, puesto que ganaderos de la comuna (entre 20 ó 25) que se agrupan en la Organización Comunitaria por el Desarrollo Sustentable para Río Verde (OCDS), rechazan su postura sosteniendo que “el apoyo de la alcaldesa obedece a intereses personales y comunales que no incluyen el medio ambiente”, palabras que para la autoridad apuntan a estar “haciendo un alarme de algo que no existe” y que, por lo demás, sólo provendría de un “grupo reducido de personas” del total que componen Río Verde que son alrededor de 330 habitantes.
En esta línea es que Vásquez fue clara en señalar que lo que pretende dar a conocer “es el sentir y el deseo de que se escuche la voz de quienes habitamos en la comuna de Río Verde y me refiero específicamente a los trabajadores de las estancias, del campamento Mina Invierno, personal que efectúa el transporte marítimo hacia Isla Riesco, pescadores artesanales, trabajadores de empresas contratistas, transportistas, etc., es decir, pobladores de Río Verde que tienen derecho a voz y a voto en este territorio comunal”.
Subrayó, de este modo, sentir la confianza, a la luz de los resultados preliminares del EIA, que Mina Invierno “favorecerá y fomentará sobre bases sustentables” la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la comuna fueguina y sobre todo el cuidado del medio ambiente.
Es por ello, que sus argumentos ubican a la generación de los cerca de 700 empleos que se darán, el desarrollo comunitario al que se contribuirá con la gestión de proyectos sociales que se impulsarán, la posibilidad de auspiciar expresiones artísticas en lo cultural, la integración de minorías como es el caso de las personas con discapacidad al terreno laboral, la oferta de capacitaciones técnicas, la participación el sistema educacional, entre otras, como los beneficios directos que tendrá la comunidad de esa zona ya iniciadas las operaciones del proyecto.
“Tengo un compromiso con toda esa gente que trabaja en las estancias”, dijo la alcaldesa, agregando que no representaba la voz de los ganaderos.
Detractores
Los diversos movimientos ambientalistas, paralelamente continúan abocados a detener la aprobación del EIA y en definitiva la concreción del proyecto, por lo tanto, los dichos de la máxima autoridad comunal no cayeron de lo mejor generando reacciones inmediatas, por ejemplo, del Frente de Defensa Ecológico Austral.
“La alcaldesa no debiera hacer estas declaraciones antes de que esté aprobado el EIA, porque se puede leer como un objetivo tendencioso hacia la opinión pública”, dijo Ana Marlen Guerra de la agrupación.
Asimismo indicó que “no nos queda claro si los beneficios que mencionó serán tan así o es parte de una campaña mediática de la minera al referirse primero a 800 puestos de trabajo y después bajar la cifra a 700; es cuestionable y el caballo de batalla que en definitiva tiene la empresa, pero el costo ambiental es alto y no se puede comparar”.