El 1 de marzo, Marta Pinto asumió como nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, luego de jurar el 18 de noviembre del año pasado como ministra del tribunal. El balance que hace de su breve paso por esta zona es muy positivo, al margen de que es una jurisdicción más pequeña de las que sirvió en otras zonas, como Rancagua y Santiago donde fue fiscal judicial, además de relatora en San Miguel y en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Después de trabajar seis años como fiscal judicial y subrogar por mucho tiempo en sala a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió postular a un cargo para ser ministra titular. En esos momentos las vacantes eran Punta Arenas, Arica, Copiapó y Concepción. Postuló a todas las plazas, pero la de Punta Arenas fue la primera que se resolvió y la nombraron.
En la mente y corazón de todos los ministros está el sueño de llegar a la Corte Suprema, en su caso lo ve lejano porque son pocos los cupos y de darse sería para ella un regalo porque en estos momentos, como ministra, da por cumplida su carrera judicial.
Consultada por el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal en Magallanes, dijo que el jueves participó en una reunión con los integrantes de la Unidad de Apoyo de la Reforma Procesal, que incluye los tribunales Orales y de Garantía. En cuanto a infraestructura destacó que próximamente comenzaría la construcción del nuevo centro de justicia, obras que estarían listas en un año.
Reforma adolescente
Un tema que le preocupa es el seguimiento de las sanciones que los jueces imponen a los jóvenes, a través de la Reforma Penal Adolescente, ya sea que tengan que cumplir las medidas en un centro cerrado, en un semicerrado o con medidas alternativas. “Esto requiere el apoyo de una red de otras instituciones, que ya no es el Poder Judicial, y ahí falta mucho por hacer. Esta falencia la hicieron ver los jueces”.
Los encargados del seguimiento de estos programas de intervención denuncian que los niños son refractarios y eluden cumplir las sanciones. “Por eso son denunciados y los jueces tienen que volver a evaluar lo que se está haciendo. Ahí ellos captan esta realidad, ajena a nosotros como poder judicial”, dijo.
Los temas más dramáticos son la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos. Los jueces hacen el juicio, pero después, para aplicar una intervención sicosocial que ayude a sacar al niño o a la familia de las dificultades de la violencia y al pequeño del desamparo y de todo aquello que vulnere sus derechos, requiere de la colaboración de otros organismos.
“La violencia intrafamiliar está en manos del Sernam y la vulneración de derechos del Sename. Ahí es donde nuestros jueces de Familia lamentan no tener disponibilidad de medios para hacer las intervenciones con los niños. No hay centros de acogida para las niñitas embarazadas, y de haberlos son muy básicos y mínimos. Es un drama el tema de las menores embarazadas, que se enlaza con otras variables como es la incursión en la drogadicción y el acercamiento al alcohol, al igual que los jóvenes varones. Imagínese, por un lado está el problema de las niñas que llevan en su cuerpecito un fruto y, por otro lado, tenemos a los niños hombres que no se están haciendo responsables del embarazo de las niñas”, manifestó la presidenta del tribunal de alzada.
Al ser consultada si falta una red más fuerte de apoyo, respondió afirmativamente, “porque sin esa ayuda nosotros estamos impedidos de brindar un mejor servicio”.