En el Centro Antártico de la Universidad de Magallanes (UMAG) tuvo lugar durante la mañana de ayer la primera reunión de trabajo para analizar, estudiar y proponer mecanismos y políticas para el desarrollo de las zonas extremas, convocada por el senador independiente Carlos Bianchi. La instancia busca convertirse en una mesa redonda que cuente con la participación de diferentes actores de la comunidad regional. Ayer participaron los alcaldes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, además de gremios, entre los que se encontraban el capítulo regional de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), así como la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA).
Asimismo, el sindicalismo estuvo representado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), algunos sindicatos y diferentes organizaciones laborales. También acudieron a la convocatoria ex intendentes regionales como Ricardo Salles y Jaime Jelincic, el presidente regional de la UDI, representantes del mundo académico y destacados economistas.
El coloquio comenzó con la intervención de Bianchi, que intercaló papeles entre principal orador y moderador de la mesa, que estuvo presidida por el rector de la Universidad de Magallanes, Víctor Fajardo.
En cuanto a la discusión, ésta se centró en el funcionamiento y mantención de las llamadas “leyes de excepción”. Para ello Bianchi presentó a los abogados de la Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Pablo Cavada, y a su asesor legislativo, Manuel José Benítez, quienes en un tono critico expusieron los alcances y el funcionamiento de estos instrumentos legales.
Leyes de corrección
Los abogados expusieron el alcance de la legislación vigente, en materia de fomento de la inversión, entre las que destacan las leyes Navarino, Tierra del Fuego y Austral. En este sentido, tanto Benítez como Cavada criticaron la pérdida de sentido y la falta de actualización de estos instrumentos. En particular tomó importancia el término de vigencia de la Ley Austral, que vence el 31 de diciembre de 2011.
En otro plano, también se hizo mención a la existencia de un problema estructural en materia de infraestructura económica, que frena la producción regional. En referencia a esta situación, el economista José Vera Giusti reseñó un estudio del Banco Central que indica que en el transcurso de 1960 a 1992, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 1,8%, a nivel regional éste último descendió un 0,4%.
Otro estudio que llamó la atención fue el efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado por el Ministerio de Hacienda en 2005, que fue criticado por casi todos los presentes por carecer de una metodología adecuada.
Una mirada más sistémica expuso el ex intendente Ricardo Salles, quien hizo ver la existencia de consideraciones geopolíticas y estratégicas, por sobre los alcances económicos de los instrumentos legales vigentes. En este plano, reconoció la vigencia sicológica de las denominadas “fronteras interiores”, que impiden al gobierno central tomar acciones concretas para el desarrollo de las zonas extremas.
Otro aspecto importante fue resaltado por el presidente regional de la UDI, Arturo Storaker, quien se refirió al marco comunicacional en que se discuten los instrumentos de “homologación económica”, tendientes a corregir deficiencias competitivas del funcionamiento del sistema económico, a los cuales el gobierno central y la población de otras regiones mira como tratos excepcionales para Magallanes, cuando en realidad no lo son.
Por último, se acordó la realización de otra reunión a fines de marzo o principios de abril, acordando comisiones para tratar los temas en carpeta, a objeto de elaborar una propuesta global dentro de los próximos 60 días, plazo que es variable, pues la idea es extender la propuesta a Aysén, en lo que Bianchi ya se encuentra trabajando.