
Según se desprende de la querella, los adultos mayores estiman que existió un fraude al fisco porque la funcionaria “tenía la custodia jurídica a través de su firma de cheques y vale vistas de los fondos fiscales. No obstante, firmó los cheques para hacer los pagos, no teniendo a la vista, en cada oportunidad, el documento justificativo del respectivo gasto, consintiendo mediante su conducta que se pagaran servicios no efectuados o efectuados pero ostensiblemente desfavorables para el arca estatal y causaran daños al patrimonio fiscal”.