
Esto, tras la apelación que hiciera el edil a principios de enero de 2010 al ente fiscalizador para que afirmara o al contrario revocara los resultados de la investigación que, en principio, arrojó el informe de la Contraloría Regional: ordenar sumarios y la devolución de lo pagado en exceso a las arcas municipales tras comprobarse que se trató de una operación de compra de las máquinas y no una donación como se hizo parecer.
La inquietud fue presentada por los ediles José Saldivia, Vicente Karelovic y Roberto Sahr en diciembre de 2009 a la, en ese entonces contralora, Carmen González para determinar si los procedimientos utilizados en esa operación se ajustaron a la normativa vigente en Chile en cuanto a los procedimientos que regulan el funcionamiento de la administración del Estado.