Malas noticias habría recibido el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo sobre el resultado de la apelación que efectuó en la Contraloría General de la República, ante su disconformidad por el pronunciamiento que emitió dicho organismo local respecto del proceso efectuado para concretar la llegada de los buses amarillos a la comuna. La investigación de la Contraloría Regional arrojó a fines del año pasado, que las gestiones realizadas para adquirir los vehículos consistieron “en una operación de compra que se realizó con la empresa estadounidense comercializadora de estos vehículos, Don Brown Bus Sales, Inc., y no de una donación, como se hizo parecer”, un resultado categórico que en Magallanes no entregaba luces de posibles apelaciones con resultados favorables, por lo que el edil se jugó su última carta y junto al jurídico del municipio llegó hasta Santiago para solicitar un nuevo pronunciamiento pero, esta vez, de parte de la Contraloría General, respuesta que habría sido entregada ayer y que fue adversa según la declaración emitida por el propio edil, quien aseveró que se examinarán las vías jurídicas que permitan demostrar una vez más que el Municipio de Punta Arenas, actuó conforme a los procedimientos legales y de acuerdo al convenio suscrito con el Municipio de Puerto Montt el 20 de agosto de 2009.
Este es otro golpe para la administración de Mimica, la que desde hace unas semanas ha visto como algunas de sus acciones han derivado en escandalosos hechos que han molestado a la ciudadanía y ha transformado al Concejo Municipal en una instancia donde reina la desconfianza, siendo los más perjudicados los vecinos de la comuna, quienes ven como la preocupación está en conflictos evitables y no en los problemas que los aquejan.
Además, el edil habría quedado en un muy mal pie, porque él siempre ha defendido la idea de los que buses fueron donados, afirmaciones que podrían ser nuevamente refutadas por la entidad fiscalizadora.
En el caso de que la Contraloría General valide totalmente el trabajo realizado en la oficina de Magallanes, el municipio debería cumplir con las observaciones manifestadas por el órgano, entre las que se encuentra efectuar sumarios para determinar, por ejemplo, por qué no se realizó una licitación para comprar los vehículos y tampoco se llevó a cabo ese procedimiento para contratar el flete marítimo de los mismos, “sin perjuicio que esta Contraloría Regional ordene el reparo respectivo, en relación con los montos pagados en exceso por concepto del referido flete”, indica el informe de las pericias. El dinero que podría ser solicitado llega a los US$ 100.000, es decir, cerca de 50 millones de pesos.
Además, el escrito señala que se detectó que el pago de US$ 155.050 realizado a la empresa de buses se cursó sin esperar el pronunciamiento respecto a la legalidad del gasto e imputación presupuestaria por parte de la Dirección de Control del municipio, luego de ser consultada por el Departamento de Administración y Finanzas, ante lo cual la municipalidad manifestó que no es requisito esperar este tipo de respuesta, no obstante, la Contraloría Regional rebatió enfatizando que todas las acciones que propendan al mejor uso de los recursos públicos deben realizarse.