El órgano fiscalizador de Magallanes liberó ayer el documento donde la oficina de Santiago señala que la Municipalidad de Punta Arenas, independiente de haber firmado un convenio con su par de Puerto Montt para traer los buses, como organismo ejecutor del gasto, debió velar porque el procedimiento se ajustara a la normativa vigente, hecho que no habría ocurrido a cabalidad.
La más desfavorable respuesta recibió el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo por parte de la Contraloría General, luego de su gestión para intentar revertir el pronunciamiento del órgano fiscalizador de Magallanes respecto de las transacciones efectuadas para conseguir los diez buses amarillos estadounidenses.
Esto, porque contundente fue el informe emanado por la Contraloría General, el que indica que el municipio de Punta Arenas, a pesar de haber celebrado un convenio con su par de Puerto Montt para que esta última gestionara la llegada al país de los vehículos, habría cometido irregularidades relativas “ a la falta de documentación que respaldara los pagos realizados a causa de su suscripción, a contrataciones realizadas en contravención a la normativa vigente y a la determinación del costo del flete respectivo”, indica el documento firmado por el contralor General de la República, Ramiro Mendoza.
A su vez, acerca del argumento planteado respecto de la escasa responsabilidad que recaería en el municipio local por las irregularidades detectadas, debido a la firma de dicho convenio, y especialmente en el sobrepago a las empresas extranjeras, la entidad fiscalizadora advierte que “fue la Municipalidad de Punta Arenas quien asumió, en el respectivo convenio, los costos del flete marítimo y terrestre, nacional y extranjero, por lo que correspondía a ese municipio, en calidad de organismo ejecutor del gasto, velar porque éste se ajustara a la normativa vigente, que contara con la documentación autentica que justificara tales operaciones, que cumpliera con la finalidad para la cual destinaron los fondos y que acreditara el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito exigido por las leyes y reglamentos aplicables”, expresa el escrito, descartando la posibilidad de traspasar responsabilidades a Puerto Montt.
El edil Mimica, cuando llegó hasta Santiago para solicitar una reconsideración de la auditoría efectuada por la sede local de la Contraloría, detalló sus disconformidades con cinco puntos del examen de cuentas efectuado, los cuales, contrariamente a lo esperado por el jefe comunal, fueron reafirmados en su mayoría.
El primero de ellos indica que los antecedentes entregados por la Municipalidad de Puerto Montt, con el objetivo de justificar los
$ 4.489.666 que desembolsó el municipio local para que se cancelaran pasajes, combustible y viáticos según se requería para concretar la llegada de los buses, no fueron suficientes y “no logran acreditar fehacientemente la totalidad de los gastos de que se trata y los consecuentes pagos efectuados por la Municipalidad de Punta Arenas”, se explica en el informe. No obstante, la diferencia detectada, que llegaba a los
$ 347.755, sí fue devuelta a la entidad edilicia local.
Las observaciones respecto del procedimiento efectuado para contratar al agente de aduanas también fueron mantenidas, puesto que en estos casos se debe acreditar que el proveedor seleccionado vía trato directo cumplía de mejor manera, frente a otras ofertas, los requerimientos solicitados. Sin embargo, en esta oportunidad, se contrató la misma firma que prestó los servicios a la Municipalidad de Puerto Montt, quien sí efectuó una licitación pública.
Frente a estos hechos, la Contraloría General manifiesta que “no basta con señalar las razones por las cuales se estima que el proveedor contratado cumple con los requisitos de la causal que se aplique, sino que se requiere fundamentar y acreditar en el acto administrativo que ordene dicha contratación, los presupuestos exigidos para la modalidad invocada, lo que no aconteció en la especie, pues revisado el decreto
Nº 37, de 2010, que autorizó la contratación en comento, no aparece que se haya acreditado ni expresado fundamento alguno en relación con la calidad de único proveedor de la empresa contratada”.
La misma respuesta adversa recibió el alcalde Mimica respecto del pago del flete para traer a la comuna los diez buses amarillos, puesto que se confirma que la Municipalidad de Punta Arenas pagó a la empresa identificada como donante de los buses, Don Brown Bus Sales Inc.
$ 78.303.280, esto es
US$ 155.055, por concepto de flete, en circunstancias que el traslado de los buses realizado por la empresa Nippon Yusen Kaisha registra un valor de US$ 45.060.
El informe indica que el municipio no proporcionó antecedentes que justificaran la diferencia verificada entre el monto cobrado y el efectivamente pagado, “limitándose a señalar que el precio del servicio prestado por esta última fue conocido con posterioridad a efectuarse el pago a Don Brawn Bus Sales Inc., por lo que éste se encontraba plenamente respaldado al momento de realizarse”.
Lo que añade la Contraloría General es que el municipio insiste en un desconocimiento del costo efectivo en que se incurrió por concepto del flete de los buses al momento de efectuar el pago, pero “sin acompañar antecedente alguno que justifique la diferencia producida, ni informar acerca de adopción de medidas tendientes a resarcir el detrimento patrimonial causado, al momento de tomarse real conocimiento de dicha circunstancia”.
Ante todo lo anterior, el órgano nacional consigna que “sí se habría producido un perjuicio al patrimonio municipal, por lo montos pagados en exceso por concepto de flete de los buses de la especie, sin perjuicio de tenerse a la vista otras cotizaciones que daban cuenta de diferencias evidente, entre ellas la mencionada por el concejal Roberto Sahr, lo que no se ve alterado por la circunstancia de que éstos se encuentren incorporados al activo del municipio”, puntualiza.