Fue previo y posterior a la sesión del Concejo Municipal del viernes, que un receptor judicial se acercó a los concejales Emilio Boccazzi (PPD), Mario Pascual (PS), Claudia Barrientos (PPD)y José Aguilante (DC) para notificarlos respecto de la demanda por daño moral que presentó hace dos semanas el empresario del aseo Mario Mancilla por un monto de $ 200 millones, acción judicial que obedece al perjuicio como persona natural que recibió tras la desfavorable votación del Concejo que no le otorgó la licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios el 2009.
De esta forma los cuatro concejales quedan ad portas del juicio que se iniciará en el Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas para esclarecer los hechos por los que el demandante reclama, el que deberán enfrentar una vez que se notifique a todos los demandados, pues según informó ayer el abogado patrocinante de la acción indemnizatoria, Javier Lagos Troncoso, aún restaría que se diera aviso al ex presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Mercurio, José Igor, para que se completara el proceso previo al juicio.
“Una vez que se materializa la última notificación se puede dar inicio al juicio”, explicó el jurista, agregando que los concejales, a partir de ello cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentar una contestación a la demanda.
Asimismo, aclaró que el numeral de la acción alcanza a un monto estimado, previamente evaluado por su cliente, de $ 200 millones, dineros que podrían reducirse si el juez estima que debe ser una cifra menor.
En caso de que el tribunal llegara a acoger la demanda, Lagos indicó que solicitarán que se condene en forma solidaria a los demandados, es decir, que se les pueda exigir el pago de la indemnización “a cualquiera de ellos”, lo que implica que deberán acordar entre todos cómo cancelar la millonaria suma.
Daño moral
La nueva arremetida del representante de la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., se trata de una acción indemnizatoria de daños morales en contra de los concejales recientemente mencionados, que el empresario determinó presentar como una forma de compensar el perjuicio que sufrió a su honra cuando en la sesión ordinaria
Nº 35 del 23 de septiembre de 2009, dichos concejales argumentaron razones desajustadas a las bases de licitación para votar en contra de su propuesta, las que se vincularon con el historial de juicios en contra que tenía el empresario de parte de los trabajadores de la empresa Mercurio, que dirigía anteriormente, y por el que se le acusó de despidos masivos, prácticas antisindicales y otras irregularidades.
De hecho, también incorporó en la demanda al dirigente del ex sindicato de Mercurio, José Igor, que igualmente profirió algunas expresiones en su contra referentes a ese proceso de licitación.