
“Aquí hay una responsabilidad de aquellos delincuentes de cuello y corbata, que han dirigido la empresa desde el punto de vista financiero, ocultando una serie de información importantísima respecto de los pagos económicos de la empresa, engañando a cientos de miles de chilenos al hacer repactaciones unilaterales, absolutamente fraudulentas, y por lo tanto en ellos recae todo el sistema penal que nosotros esperamos” dijo el legislador y en ese sentido agregó que “que la justicia, y también por su intermedio del gobierno, aplique el mayor rigor de la ley para que estos ladrones de cuello y corbata realmente tengan un traje a rayas como corresponde porque han engañado a miles de chilenos, desde el punto de vista privado”.
Marinvic agregó que también existen responsabilidades que investigar de las instituciones encargadas de fiscalizar el tema, en el ámbito público como privado, como el cruce de información entre la Superintendencia de Valores y Seguros y la auditoria Price Waterhouse.
“Es fundamental dar claridad no sólo a la gestión del último año, sino invitar a Guillermo Larraín que era el superintendente anterior, para poder tener claridad de la correspondencia del intercambio de información y de documentación que se efectuó entre La Polar y la Superintendencia durante un periodo de a lo menos cinco años en que tiene que ser investigado”, expresó.
Según el parlamentario esto permitirá dar claridad al por qué no hubo auditorias selectivas, o por qué la superintendencia sólo fue una tomadora de información respecto de la auditora Price Waterhouse y no indagó más allá. Asimismo cuestionó la forma en que han actuado instituciones como el Sernac o el Servicio de Impuestos Internos, en términos de fiscalización de la empresa. A su vez mencionó que se solicitó al Ejecutivo que se suspenda toda actividad económica de Price Waterhouse en Chile.
Por último el congresista afirmó que existe preocupación por los accionistas minoritarios de La Polar que han quedado al margen de toda materia en la toma de decisiones. “No es posible que se tomen decisiones entre cuatro paredes de lo que son las AFPs, y algún otro inversionista institucional, y se excluya a más de un 45% de accionistas minoritarios que en definitiva no tienen la posibilidad de participar de las decisiones más grandes y por lo tanto están en un proceso donde se pretende dejarlos totalmente al margen en el rescate de las empresa La Polar”, dijo.