Sin entregar un plazo para el acatamiento del cúmplase que dictó el jueves pasado el Tribunal de la Contratación Pública (TCP), respecto de que la Municipalidad de Punta Arenas deberá adjudicar un nuevo contrato para el retiro de la basura, el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo se refirió a la confirmación del fallo adverso.
El edil manifestó que el proceso lo “vamos a decretar en el momento oportuno. Es un tema que nosotros hemos asumido”, aseguró.
El Concejo Municipal no tendría apuro para cumplir con el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, pues ésta no fijó plazos para que el órgano colegiado adjudique a otra empresa la labor de aseo comunal, compañía que esta vez debe ajustarse a las bases, pues según dicha instancia, Servitrans al ofrecer más servicios a los requeridos por el municipio, no cumplió con las bases de licitación y no debería seguir “en carrera” en este nuevo proceso.
El abogado de Recotrans, Ricardo Leal, compañía que participó del llamado a licitación y ante el desapego a las bases decidió acudir a tribunales, afirmó que se esperará un plazo prudente para que el Concejo Municipal adjudique el nuevo contrato, o en caso contrario, deberá iniciar una nueva acción judicial. De hecho, tiene programado un viaje a Punta Arenas para conocer el avance de las acciones por parte del municipio.
Los concejales y el edil, terminada la sesión del Concejo Municipal, desarrollada ayer, se reunieron a puertas cerradas para analizar el paro de los funcionarios municipales y este tema, donde el alcalde habría informado a los representantes comunales que está analizando con los abogados del municipio el procedimiento que se efectuará para cumplir con el fallo, pues no existen más instancias de apelación.
A la salida del encuentro privado, el concejal Roberto Sahr afirmó que manifestó su molestia por haberse enterado a través de los medios de comunicación del “cúmplase” emitido por el Tribunal de la Contratación Pública, y que el jefe comunal “nos informó que no hay plazo para dar cumplimiento a esa instrucción judicial y que, por lo tanto, está estudiando con el departamento jurídico los pasos a seguir”.
La cancelación del contrato a Servitrans, podría generar que esta empresa demande a la municipalidad, exigiendo una indemnización millonaria por las inversiones que efectuó para prestar el servicio por los seis años que contemplaba la licitación.