
La decisión de presentar ambas acciones indemnizatorias derivan del proceso de licitación del contrato de la basura en septiembre de 2009, cuando el Concejo Municipal con votación desfavorable a la firma del empresario -pese a que era la oferta mejor calificada en términos técnicos y más conveniente económicamente- y rechazó su propuesta en medio de la “presión” de los trabajadores de la compañía Mercurio que acudieron a la sala de Concejo en esa ocasión; firma que Mancilla dirigía anteriormente y de la cual salió siendo acusado por despidos masivos, prácticas antisindicales y otras irregularidades.
Así, la primera notificación presentada el viernes 3 de junio corresponde a una demanda por daños morales solamente en contra de los concejales Emilio Bocazzi (PPD), Mario Pascual (PS), Claudia Barrientos (PPD) y José Aguilante (DC), que Mancilla determinó interponer como una forma de compensar el perjuicio que sufrió a su honra, cuando en dicha sesión del órgano colegiado (n° 35 del 23 de septiembre de 2009) tales ediles argumentaron razones desajustadas a las bases de licitación para votar en contra de su oferta, las que vincularon precisamente con el historial de juicio en contra que tenía el empresario de parte de los trabajadores de Mercurio.
De hecho, también incorporó en la acción indemnizatoria al dirigente del ex sindicato de la firma, José Igor, que igualmente habría proferido algunas expresiones en su contra referentes a ese proceso de licitación.
El numeral de esta demanda alcanza, según lo explicó en su momento, el abogado patrocinante de ambas causas, Javier Lagos Troncoso, a $ 200 millones, monto estimado por la parte demandante que podría reducirse si el juez considera que debe ser una cifra menor.
Posteriormente, a mediados de este mes en curso, la nueva arremetida del empresario del aseo fue volver a dar curso a la demanda que se había retirado en un principio, cercana a los
$ 800 millones, para evitar que algunos concejales se desligaran de su patrimonio con la presentación de la medida precautoria de retención de bienes. Ésta, hacía relación con el hecho de no habérsele adjudicado la licitación a la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., con el perjuicio correspondiente monetario que le significó para la firma no haber obtenido el contrato.
Por ello, ante la Corte de Apelaciones fue interpuesta el 17 de junio una acción indemnizatoria por $ 714 millones, en contra de los concejales mencionados anteriormente, sumado el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo y los ediles Roberto Sahr y Antonio Ríspoli, estos dos últimos también votaron en contra, eso sí, argumentando otros motivos diferentes. De esta forma, la empresa exige el reparo de las autoridades edilicias por haber calificado como desierta una instancia que debió haber sido otorgada a la compañía y de la cual fueron notificados el viernes recién pasado.
Por ambas demandas, los ediles arriesgan pagar cerca de $ 1.000 millones.