Con dinero personal el funcionario municipal Luis Díaz contrató a un abogado para su defensa en el caso del juicio de cuentas que la Contraloría inició en su contra por el pago injustificado, hasta hoy, de US$ 110.000 para el flete de los buses amarillos. Además de Díaz, están involucrados la entonces jefa (s) de Finanzas, María Elena Gallardo, el ex administrador municipal, Mauricio Torres y el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo.
Cuando la Contraloría notificó a Gallardo del proceso en su contra, todos los trabajadores del departamento llegaron hasta la oficina del edil para pedirles explicaciones, ya que fue él quien ordenó a los empleados firmar los documentos que permitieron el pago por el traslado de los vehículos y que generó el conflicto con el órgano fiscalizador, que está exigiendo la reposición del dinero que asciende a los $ 50 millones.
En aquel momento, el alcalde les habría prestado todo el apoyo y les aseguró que iba a existir una defensa en el caso, sin embargo, Díaz perdió la confianza en el alcalde y prefirió iniciar los trámites de manera particular, teniendo que incluso viajar a Santiago para concretar su defensa.
Lo delicado para los trabajadores es que, por cumplir ordenes de superiores, en este caso del edil, se ven envueltos en situaciones donde arriesgan la devolución de dinero y donde se arriesga ensuciar su hoja de vida como trabajador público.