Una positiva evaluación realizó ayer el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, del primer paro comunal de 24 horas que se desarrolló en dicha ciudad bajo la consigna “Producimos Cobre, Seguimos Pobres”. La movilización contó con una marcha iniciada a las diez de la mañana desde el Parque El Loa organizada por la Asamblea Ciudadana de Calama, donde participaron miles de personas entre sindicatos, locomoción colectiva, comercio, organizaciones sociales, colegios, profesionales, iglesias y ciudadanos unidos por las mismas demandas.
El edil del Partido Progresista señaló que es un paro de advertencia que busca que se legisle para que algún porcentaje de las ganancias del cobre, como alguna vez ocurrió en el pasado con la Ley del Cobre que rigió hasta 1974, quede en las comunas mineras que correspondan.
La protesta coincidió con que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer durante la jornada que la Producción Minera registró un aumento de 5,4 por ciento en mayo de 2011 en comparación con igual mes del año anterior, crecimiento que se explica por la mayor producción de molibdeno, oro y plata, además de un alza en la producción de cobre.
Para Velásquez el centralismo de los recursos es evidente y eso ha perjudicado la calidad de vida de la ciudad. Denunció además “nula infraestructura en nuestra ciudad. No contamos con una universidad estatal, recién se está construyendo un hospital, no tenemos los pulmones verdes deseados, tampoco se cuenta con grandes avenidas que se requieren para hablar de una ciudad en desarrollo. Tenemos que viajar a Antofagasta para una cantidad de trámites, servicios públicos añosos. Calama ha debido soportar el traslado del campamento de Chuquicamata y lo que antes mantenía Codelco, arriba en Chuquicamata, hoy lo mantiene la municipalidad de Calama, por lo que estamos agobiados”.
El presidente regional del Colegio de Profesores, Nabor Cortez, señaló que se adhirieron al paro principalmente por las demandas de universitarios y secundarios, aunque reconocieron que lo del cobre permitiría la llegada de recursos frescos para solucionar algunos de los problemas que aquejan a los establecimientos de la zona.
Por su parte, Cristian Cuevas, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, afirmó que “debe compensarse a la principal ciudad productora de cobre, que está en una situación de pobreza impresentable. Una ciudad que produce riqueza tenga a miles de excluidos en la pobreza con falta en educación, salud y vivienda digna. En ese sentido, se está solicitando el 5% de las ganancias del cobre que produce la ciudad quede para el desarrollo de Calama y también con una perspectiva nacional para proteger la industria nacional, como es Codelco y la renacionalización del cobre, a 40 años de su nacionalización”.
El paro fue respaldado además por el diputado radical por el distrito de Calama, Marcos Espinosa, quien recalcó que se trata de una legítima demanda que se ha planteado por muchos años.
El parlamentario afirmó que se ha propuesto en reiteradas oportunidades en el Congreso la necesidad de modificar la actual ley de impuesto específico a la minería y establecer un proyecto de ley que avance hacia un verdadero royalty que beneficie a las zonas de explotación.
“Por este motivo los ciudadanos y ciudadanas de Calama se ponen de pie para exigir al gobierno central la tramitación de un proyecto que está en conocimiento del Ejecutivo, que es el Fondo de Desarrollo del Norte que establece aplicar un tributo a las empresas mineras que operan en el país y un 5% de estos recursos queden efectivamente en las ciudades y en las comunas mineras”, destacó el parlamentario.
El diputado Espinosa advirtió que a pesar de las promesas de campaña del gobierno de descentralizar el país, el centralismo continúa siendo agobiante, dejando a las zonas extremas sin los recursos que necesitan.
Por su parte, el intendente de la Región de Antofagasta, Álvaro Fernández, tuvo palabras críticas para definir el panorama económico y social que tiene la ciudad actualmente. “Calama ha sido tratada de manera inequitativa”, sentenció, porque “no tiene el nivel que quisiéramos como las otras ciudades del país, es una deuda pendiente (…) pero nosotros como gobierno no podemos resolver un problema que tiene más de 40 años”, afirmó.
No obstante, Fernández indicó que en la zona hay una inversión actual de 90 mil millones de pesos en proyectos, “y estamos trabajando por ello, nuestra mirada es de servicio, equidad, el tema no es un asunto de plata”, dijo.
“Más que el monto lo que interesa es el nivel de los servicios que da el Estado y la calidad de vida de la gente, ciudades, localidades que cuentan de forma equitativa con lo que el Estado le pueda proveer”, manifestó.