Como consecuencia de los desmanes, cinco personas fueron detenidas -tres adultos y dos menores (ambos estudiantes de liceos “tomados”)-, los que precisamente fueron sorprendidos realizando los incidentes.
La revuelta se inició cerca de las 13.30 horas, cuando un grupo aproximadamente de 100 personas se apostó, posterior a la marcha y acto cultural, en el frontis del edificio del Gobierno Regional (GORE) para continuar con la protesta.
Tuvieron que pasar algunos minutos para que desde el tumulto comenzaran a lanzar piedras a los ventanales de la Intendencia que resultó con diversos daños siendo avaluados por las autoridades en $ 2 millones.
Pero el hecho de mayor violencia ocurrió cuando dos sujetos intentaron ingresar a las dependencias por la puerta principal resguardada por un grupo de uniformados y la guardia del edificio, quienes resultaron con diversas lesiones tras forcejear con los sujetos y un grupo más numeroso que posteriormente se abalanzó, para impedirles el paso.
El resultado fue cinco personas detenidas al interior de la Intendencia.
En vistas de los incidentes y para constatar la situación, concurrieron al lugar, el presidente del Colegio del Profesores regional, Julián Mancilla, y el secretario general de la Corporación Municipal (Cormupa), Orlando Estefó, quienes conversaron con el prefecto coronel, Miguel San Martín.
Según el prefecto, “en esta situación hubo detenidos porque hubo daños a un edificio, siendo que se les advirtió oportunamente a los manifestantes que habían ciertas normas que tenían que cumplir, las cuales no cumplieron estos jóvenes, porque la marcha había terminado y siguieron, no obstante, haciendo diferentes desplazamientos por la ciudad y ocasionando problemas al resto de la comunidad de Punta Arenas”.
Asimismo, informó que se había requisado un cuchillo, que de acuerdo con las observaciones efectuadas “se cayó de algunas de las personas que se iba manifestando, porque fue justo en el momento que se estaban desplazando por la calle Bories”, agregó.
Estefó, en tanto, indicó que se debían determinar las responsabilidades y que en este tipo de manifestaciones “suelen ocurrir determinados hechos”, afirmando además que el diálogo con los alumnos está abierto para seguir las conversaciones en virtud que se allanen al pronto retorno a clases. En este sentido, indicó que no van a presentar ninguna acción legal a partir de los incidentes.