Una de las diligencias que efectuó el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo en su último viaje a Santiago, fue visitar y evaluar diferentes estudios jurídicos para la defensa de la Municipalidad de Punta Arenas frente a la demanda que presentó en su contra, el empresario Mario Mancilla, quien participó del primer llamado a licitación para el retiro de la basura, y no fue adjudicado a pesar de ser la oferta mejor evaluada.
La acción jurídica exige el pago de $ 714 millones e involucra además al propio edil y a los concejales Mario Pascual, Emilio Boccazzi, Claudia Barrientos, Antonio Ríspoli, José Aguilante y Roberto Sahr, quienes tendrán que contratar su defensa de manera particular.
Para representar al municipio, el jefe comunal decidió que el estudio de abogados Pfeiffer de Santiago, sea quien lleve adelante el caso, junto con el departamento jurídico de la municipalidad.
Aunque el alcalde afirmó no conocer aún el costo exacto de la contratación, ésta bordearía los $ 120 millones, monto que justificó “por la envergadura de los juicios”, ya que sumado al de Mancilla, también se haría cargo de cualquier otra acción que pueda surgir al momento de retrotraer la adjudicación del contrato de la basura, pues el Tribunal de la Contratación Pública (TCP) obligó a la municipalidad a adjudicar nuevamente la labor de retiro de residuos sólidos.
Sin embargo, aún resta que el Concejo Municipal se pronuncie respecto a la contratación, pues son dineros municipales los que se utilizarán para cancelar a la firma.