De los 33 mineros que hace un año quedaron sepultados por 70 días en la mina San José, 31 presentaron este viernes una demanda por $ 7.750 millones en contra del Estado, alegando daño moral y falta de servicio. La acción fue presentada ante el 9º Juzgado Civil de Santiago por el abogado Edgardo Reinoso y exige una indemnización para cada uno de los afectados de $ 250 millones, basada en que el Sernageomin no actuó a tiempo para evitar que la mina siguiera en operaciones, a pesar de que se habían detectado previamente un sinnúmero de fallas de ventilación y en las salidas de emergencia.