
Sin embargo, el senador por Magallanes fue más allá y sostuvo que el Consejo de Ministros se encuentra inhabilitado para pronunciarse. “Acá no sólo se da la anomalía de que el propio Presidente de la República es accionista de COPEC, una de las empresas impulsoras del proyecto, según consta en su declaración de patrimonio; sino que el Gobierno, como tal, ha asumido y respaldado el proyecto lo que invalida su evaluación ambiental.” – sostuvo.
El parlamentario recordó que el propio Presidente Piñera llegó hasta la región austral en Noviembre de 2010 para presentar el Plan Magallanes, iniciativa que constituye el eje de su administración en la región. “Pues bien, como consta en documentos públicos, emitidos por el propio Gobierno, éste ha comprometido claramente sus esfuerzos en la aprobación de la iniciativa.” – recalcó.
Explicó que en el texto informativo, emanado de la Intendencia y difundido por el Consejo Regional, en septiembre del 2010, se señala expresamente que el actual Gobierno se propone “Facilitar tramitación de los estudios de Impacto Ambiental de proyectos mineros”, al tiempo que se indica que ello generará una inversión por US$ 400 millones, exactamente la proyectada por Minera Isla Riesco.
El legislador añadió que, posteriormente, con ocasión del anuncio presidencial de Noviembre de 2010, el texto fue modificado, incluso para hacerlo más preciso al señalar entre los objetivos de la actual administración en la zona “Incentivar el desarrollo de Proyectos Carboníferos Isla Riesco”, como consta aún en la página web de la Intendencia de Magallanes.
A juicio del senador PS lo anterior implica que la evaluación ambiental de Mina Invierno de Minera Isla Riesco está absolutamente viciada, en tanto “quienes han debido permanecer imparciales para acometer un análisis objetivo que resguarde los intereses públicos y de la comunidad, se encuentran comprometidos anticipadamente en la aprobación de la iniciativa.” El legislador indicó que hizo llegar a la Contraloría General de la República estas presentaciones, con el objeto sean tenidas como antecedente para emitir un pronunciamiento sobre el particular, al tiempo que no descartó recurrir de nulidad ante tribunales en caso que el proyecto sea aprobado.