El organismo señaló que no existen los métodos de control necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las personas que son beneficiarias con los programas PMU. La Contraloría Regional, realizó una fiscalización a la ejecución de los programas de absorción de cesantía, que son financiados con recursos de los Programas de Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal (PMU) provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que fueron desarrollados por la Municipalidad de Punta Arenas.
El organismo abordó proyectos efectuados entre 2006 y julio de 2010, donde el objetivo era comprobar el cumplimiento de las condiciones y los plazos establecidos para los planes aprobados por el municipio. En este sentido, se escogieron seis proyectos a analizar.
Tras la revisión, Contraloría mantuvo importantes observaciones respecto a la forma cómo se están llevando a cabo los planes, mientras que otras fueron levantadas bajo el compromiso de que se subsanen, lo que será comprobado en una próxima fiscalización.
Se detectó una concentración de funciones en relación al personal para la ejecución de los proyectos, siendo la Dirección de Desarrollo Económico Local y, en especial, la Oficina Programa de Empleo la encargada de la inscripción de los trabajadores, su selección, elaboración de contratos y cálculo de sueldos, además de controlar que las personas estén desarrollando sus labores en terreno.
La respuesta del municipio, ante esta consulta, fue que añadió otros procedimientos que involucran a la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), a la Dirección Jurídica, entre otros, sin embargo no respaldó el cambio a través de decretos alcaldicios, “de modo tal que ello excede las facultades de la directora de desarrollo local, al involucrar otras direcciones del municipio”, consigna el documento.
La entidad confirmó que existe una ausencia de procedimientos formales de control por parte de la municipalidad, los que permitan asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de los beneficiarios contratados para la ejecución de los proyectos. Si bien el municipio aseguró que está trabajando en este aspecto, la Contraloría mantuvo la observación porque no se dieron a conocer las medidas que se estarían aplicando.
Uno de los requisitos que deben cumplir los vecinos que son favorecidos con los PMU, es que sean jefes o jefas de hogar y que se encuentren cesantes, sin embargo, el organismo detectó que no todos los beneficiados cumplían con esta exigencia, pues la entidad cruzó los datos de la municipalidad con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (Siaper), donde de la muestra se confirmó que cinco personas contaban con un empleo paralelo.
El municipio respondió la observación señalando que no tiene acceso a Siaper y que basa su actuar en la buena fe de las personas.
Otra condición que deben cumplir los beneficiados, es que su cónyugue no debe desempeñar funciones en alguna dependencia de Administración del Estado, no obstante, tres inscritos del PMU estaban en esta situación, ante lo cual Contraloría realizó una observación porque la municipalidad no acompañó antecedentes que comprobaran las medidas tendientes a evitar que esto se repita.
En este mismo ítem, se suma que existen personas beneficiadas con los planes de empleo pero no estaban inscritas en la OMIL. A su vez, la condición de ser jefe o jefa de hogar tampoco es acatada en su totalidad, ya que “el municipio no cuenta con procedimientos de control que permitan comprobar dicha condición a fin de beneficiar a las personas idóneas en la incorporación a los proyectos PMU”, afirma la Contraloría, añadiendo que “se observó un gran número de personas que, a la fecha de la revisión, figuraban con estado civil solteras y sin hijos, sin que fuera posible acreditar la condición de jefes de hogar”.
Nuevamente la municipalidad respondió lo observado indicando que no posee los sistemas pertinentes para comprobar el cumplimiento de este requisito, por lo que actúa en base a la buena fe de las personas. Además, a raíz de esto, se comprobó que la información que posee OMIL sobre este respecto, no es confiable.
Considerando todo lo anterior, el órgano fiscalizador concluye que “corresponde que se implementen y acrediten las medidas de control que permitan asegurar que los proyectos beneficien efectivamente a la población destinataria de los proyectos PMU, y el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto”. Todo esto deberá ser acreditado mediante documentos en un plazo de 30 días, contando desde el 8 de julio, fecha en que fue emitido este informe final.