Minera Isla Riesco deberá efectuar estudios complementarios e instalar nuevas estaciones de monitoreo de partículas, entre otras medidas. En tanto, el plan de explotación puede continuar. Con opositores al proyecto que se apostaron en las afueras del Ministerio de Medio Ambiente, y luego de dos aplazamientos, el Comité de Ministros acogió ayer, de manera parcial, las reclamaciones efectuadas a la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Mina Invierno de Minera Isla Riesco, lo que obligará a la empresa a tomar nuevas medidas, pero no detendrá el plan de explotación.
Sin la participación del ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, quien un par de horas antes, y vía Twitter se excusó de omitir señalando que “he informado al Presidente (Sebastián Piñera) de mi decisión personal de inhabilitarme sólo en este caso en específico”, los titulares de Economía, Pablo Longueira, de Minería, Hernán de Solminhiac, de Agricultura, José Antonio Galilea, de Salud, Jaime Mañalich y de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, analizaron el plan de explotación carbonífera y las observaciones efectuadas por la ciudadanía, ratificando el pronunciamiento regional de la Comisión Evaluadora Medioambiental que dio la venia al proyecto en febrero pasado.
Luego de más de dos horas reunidos, Benítez, en su calidad de presidenta del comité, explicó que la decisión tras el estudio de las reclamaciones consisten, entre otras, en exigir a la empresa instalar estaciones de monitoreo de material particulado en los predios vecinos al terreno donde se apostará la mina, para asegurar que no afecte la calidad del aire y del territorio adyacente, “y si supera la norma, tiene que establecer medidas para que esto no suceda. En el caso del material particulado más grueso, también debe instalar monitoreo, efectuar una vigilancia y avisar a la autoridad medioambiental si es que hay alguna diferencia con lo que se declaró en su evaluación”, explicó la titular, lo que de no respetarse podría generar el cierre de la faena por parte de la autoridad.
La instancia también determinó que el titular deberá realizar un nuevo estudio del huemul, del pájaro carpintero grande y establecer las medidas de mitigación para no dañar las especies, y realizar un estudio previo a la desecación de la laguna Medina para descartar la presencia de aves que habiten el lugar. Además, se le exigirá a la Minera Isla Riesco que su proyecto se acoja a la ley de Cierre de Faenas Mineras, obligándola a establecer una provisión de recursos y de un plan para asegurar que el terreno intervenido será tratado en su totalidad, sin dejar pasivos ambientales como ha ocurrido en el país.
Todas las observaciones establecidas por el comité de ministros serán fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. “Proyecto que no se genera bajo el esquema de la autorización, no puede desarrollarse”, enfatizó el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro.
Las dos caras
El gerente de la Minera Isla Riesco, Jorge Pedrals, manifestó que si bien aún deben conocer en detalle el pronunciamiento, lo expresado por la ministra Benítez “apunta a medir y reforzar el trabajo para generar tranquilidad a la ciudadanía, y nos parece bien, porque vamos a seguir haciendo la bien la tarea”, aseguró.
Además, destacó que la ciudadanía haya considerado adecuadas las respuestas de 1.110 reclamaciones de un total de 1.216, y que las 106 revisadas por el comité hayan derivado en 92 que fueron abordadas apropiadamente durante el proceso de Evaluación Ambiental y las 15 restantes, que fueron presentadas por cuatro reclamantes, hayan sido acogidas parcialmente.
“La minería sigue siendo parte de la región y eso nos alegra. Estamos tranquilos y seguiremos haciendo nuestro trabajo de forma rigurosa”, añadió el ejecutivo.
La seremi de Medio Ambiente, Claudia Saavedra, afirmó que la resolución del comité de ministros “fue responsable”, enfatizando en que “si por alguna razón el proyecto no cumpliera con lo establecido en la resolución de calificación ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente hará valer sus atribuciones de fiscalización y sanción”.
Por su parte, el miembro de la Organización Comunitaria para el Desarrollo Sustentable de Río Verde, Gregor Stipicic, asevero que “la única medida nueva es lo del cierre de la faena minera, porque lo demás lo habíamos logrado antes, acá en Magallanes”, aseguró.
No obstante, el resultado de ayer, enfatizó en que se iniciarán las acciones legales, porque “nuestra idea es detener el proyecto. Así como está no se puede realizar y el tiempo nos va a dar la razón”, puntualizó el ambientalista.