
A juicio del abogado defensor, Ramón Bórquez, su cliente incurrió en un “cuasidelito de homicidio y lesiones”, descartando el manejo en estado de ebriedad.
Acusación
Ayer el fiscal Aguirre ingresó al Juzgado de Garantía el escrito con la acusación, donde pide que Sotomayor sea condenado a cinco años de presidio por la muerte de las dos mujeres y las cinco personas que resultaron lesionadas. Además, por el delito de desacato, solicita que el acusado reciba una pena adicional de 541 días de presidio.
Según los antecedentes que el fiscal Felipe Aguirre consigna en la acusación, el atropello fatal se produjo la noche del 11 de enero, cerca de las 23.30 horas, “cuando Jaime Sotomayor conducía en estado de ebriedad el vehículo Toyota, modelo 4 Runner, por calle Rómulo Correa en dirección de playa a cerro. Al llegar a la intersección con calle Cirujano Videla, lugar en el cual existía una barricada con fuego que cubría la calzada y en cuyos alrededores se concentraba un número indeterminado de personas participando de un acto de protesta, de conocimiento público para la zona, en contra del alza del gas para la Región de Magallanes”. Se agrega que el imputado, en el estado de intemperancia reseñado, no atento a las evidentes y especiales condiciones del tránsito del momento, sumado a que conducía a una velocidad no razonable ni prudente, traspasó la barricada señalada previamente, arrollando con el móvil que conducía a un grupo de siete personas, entre las cuales se encontraban las víctimas, Claudia Castillo y Melissa Silva.
Lesionadas resultaron Sofía Jazmín Contreras Castillo, de dos años, que sufrió quemaduras del tipo A y B, quemaduras en vías aéreas de carácter grave, quemadura facial, quemadura de manos, quemadura extremidad inferior izquierda, las que tardaron en sanar 45 días. Las otras lesionadas son: Jocelyn Alejandra Castillo Campos, Luz Eliana Castillo Campos, Eliana del Carmen Campos Novoa y María Silvia Hernández Gutiérrez.
El segundo hecho por el cual el fiscal acusa a Sotomayor, por desacato, es porque que ese mismo día el acusado ingresó al domicilio de su cónyuge siendo que tenía prohibición de hacerlo, en un proceso seguido en su contra por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.