Los concejales Roberto Sahr y Vicente Karelovic realizaron la presentación al órgano fiscalizador, quien señaló que el propio edil afirmó que “esporádica y ocasionalmente” ha efectuado dicha tarea que le ordena la ley. Escaso cumplimiento al artículo número 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades ha efectuado el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo, según señala en su informe la Contraloría Regional, luego de que los concejales Roberto Sahr y Vicente Karelovic hicieran una presentación al organismo para que fiscalizara el apego a la normativa que indica que las contrataciones y los contratos que celebre el municipio deben ser informadas al concejo, en la sesión siguiente a concluido el acto.
El documento, con fecha 12 de septiembre, señala que “en el requerido informe, la autoridad edilicia denunciada señala que se procedió a revisar de qué manera se ha cumplido con esta obligación, constatándose que esporádica y ocasionalmente la Municipalidad de Punta Arenas ha dado cumplimiento a la misma”, se consigna en el escrito firmado por la contralora regional, Verónica Orrego.
Seguidamente, se indica que el alcalde, ante esta situación, “ha establecido un procedimiento interno a fin de dar cumplimiento a dicha obligación legal, el cual se formalizará a la brevedad”, aseverando que esto se implementará desde este mes, “remitiéndose copia del mismo al concejo una vez que se hubiere decretado”.
En específico, el artículo 8, inciso séptimo de la ley Nº 18.695, señala que “el alcalde informará sobre la adjudicación de concesiones, de las licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de personal, en la primera sesión ordinaria que celebre el concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones, informando por escrito sobre las diferentes ofertas recibidas y su evaluación”.
No obstante, la disposición que manifestó el jefe comunal de acatar la legislación vigente, “es dable constatar que no se ha dado estricto cumplimiento al mencionado deber legal en la forma en que se ordena en la normativa invocada”, aclara la contralora.
Ante esta observación realizada por la entidad fiscalizadora, se afirma que en adelante, el municipio deberá “ceñirse estrictamente” a la obligación de informar al Concejo Municipal de las novedades en esta materia, lo que será verificado “en el contexto de la fiscalización programada para noviembre del año en curso”, se estipuló en el documento.
Casos anteriores
El pasado 30 de mayo la Contraloría Regional efectuó otra revisión de los contratos a honorarios que ha celebrado el municipio, donde se detectaron ciertas observaciones, como que las fechas de contratación de una funcionaria, entre el decreto alcaldicio y el convenio, no son las mismas; pagos de anticipos fuera del plazo de contratación de las trabajadoras, entre otros.
Para subsanar estas indicaciones, la entidad otorgó 15 días hábiles desde que se emitió el documento, plazo que ya está cumplido.