Tras una investigación sobre el cumplimiento de la jornada laboral de los tres dirigentes municipales, el organismo fiscalizador confirmó que el pago total de las remuneraciones no se ajusta a la legalidad. A pesar de que la huelga de hambre que realizaron los tres dirigentes de la Asociación de Empleados Municipales de Punta Arenas (Asemuchpa): Jorge González, Emilio Aguilar y Juan Urzúa concluyó el 27 de julio pasado, en demanda del pago del incremento compensatorio, aún siguen las repercusiones de la medida, ya que Contraloría Regional emitió su informe sobre la legalidad del acto y si corresponde el descuento en sus remuneraciones por los días no trabajados.
Mientras los funcionarios se encontraban realizando la medida de presión, el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo afirmó que se les iba a descontar de sus remuneraciones los días no trabajados, hecho que ocurrió, pero al poner término a la huelga, el monto fue restituido por orden del edil.
Tras su investigación, que “tuvo como finalidad investigar el cumplimiento de la jornada laboral por parte de tres funcionarios”, el órgano fiscalizador corroboró que “en la revisión de las tarjetas de asistencia, se comprobó que en el desarrollo de la paralización y de la huelga, los funcionarios presentan inasistencias a sus labores diarias en el período entre el 9 de junio y 27 de julio de 2011”, se indica.
Respecto a las remuneraciones, los empleados en junio recibieron el pago por 30 días trabajados. A su vez, en julio se les descontó los días de inasistencia a sus labores del mes anterior, y en agosto se les canceló el sueldo completo, y no se redujo las jornadas no trabajadas en julio.
“De los antecedentes recopilados, se pudo observar la existencia de autorizaciones para devolver los montos que anteriormente habían sido descontados por concepto de ausentismo laboral”, agregando que “las devoluciones fueron autorizadas a través de correos electrónicos, de fecha 4 de agosto de 2011, por el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo, remitido a los departamentos relacionados con el pago de las remuneraciones”, asegura en documento de la Contraloría.
Se detalla que a Emilio Aguilar se le devolvió $ 91.758; a Jorge González $ 221.652 y a Juan Urzúa $ 143.101.
Sin embargo, esta medida aplicada por el edil “no se ajustan a la legalidad”, afirma el organismo, pues el artículo 10, Nº 16 de la Constitución Política, “dispone que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, se consigna. La Contraloría reafirma su pronunciamiento, señalando que “el artículo 69 del citado texto legal, indica que ‘por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo se trate de feriado, licencias, permisos con goce de remuneraciones, previsto en el Estatuto Administrativo’”, complementa.
No obstante, esto fue advertido al alcalde Mimica por la directora de Administración y Finanzas del municipio, María Angélica Ulloa, quien el 19 de julio envió un documento al edil, informando que la Ley Nº 18.883, sobre responsabilidad administrativa, en su artículo 123 “establece los casos en los que procede aplicar la medida disciplinaria de destitución, precisándose en su letra a) ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada”.
Se añade que en la letra i) del artículo 82, párrafo 5 de las prohibiciones, título III de las Obligaciones Funcionarias, prohíbe entre otras “dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividad”.
Con estos, más otros argumentos legales, la dirección de Administración y Finanzas, informó al alcalde Mimica que no correspondía cancelar los días no trabajados, además de la pertinencia de realizar sumarios que podían derivar en destitución, aunque se trate de funcionarios con fuero gremial.
Por su parte, la Contraloría concluye que se les deberá remitir el comprobante de ingreso a las oficinas del monto respectivo. Sin embargo, los funcionarios podrán solicitar al organismo fiscalizador la condonación de la deuda.