Tanto la ACM como la CPC llaman a ser cautos con la iniciativa que aún no se presenta, pero dejan ver que si lo existente y conocido hace unos días se plantea tal cual en el Parlamento, “habría muchas cosas que aclarar”. El texto ya fue firmado por el presidente y a más tardar este martes, hace su ingreso al Congreso Nacional. Los antecedentes preliminares y extraoficiales conocidos en días anteriores respecto de los contenidos principales y en detalle que abordaría el proyecto de ley de tarificación del gas para Magallanes y que además fue firmado el martes recién pasado por el Presidente Sebastián Piñera, hicieron reaccionar ayer, aunque de manera cauta, a los parlamentarios de la región y actores locales como la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) y la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) quienes se refirieron en representación de los dos principales consumidores de combustible en la zona; el domiciliario y el sector industrial-comercial, respectivamente.
La postura común en todas las opiniones derivó en algunas dudas respecto del texto, que plantea, entre los puntos más importantes, una fórmula de cálculo de las tarifas en virtud de los precios de mercado de los contratos existentes y la entrega del subsidio hasta US $ 50 millones sujeto a la redacción de un Reglamento del Ministerio de Energía que emanaría posterior a la promulgación de la ley, para conocer si el subsidio del Estado podrá cubrir al suministro de gas que se vende a Edelmag, industriales y al transporte público.
A ello se suma que además, en cuanto a la reajustabilidad del precio del gas, que se aseguraba hace unas semanas, que no se produciría, quedará supeditado a lo señalado en los artículos 2º y 3º transitorios, donde se dispone que desde enero de 2012 y hasta 2016, se calculará como el precio promedio de los contratos de gas natural de febrero a septiembre de 2011, en dólares y multiplicado por el tipo de cambio promedio de los últimos cuatro meses. Esto, reajustado por la variación del IPC a noviembre de 2011.
Del lado de la comunidad magallánica y sus organizaciones, el vocero de la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM), José Hernández, indicó que por ser “responsables”, no se iban a pronunciar tan anticipadamente sobre el asunto, que se encuentran estudiando a cabalidad dado los antecedentes conocidos y con las bases del organismo por estos días, pese a afirmar que lo visto, no les genera mucha confianza.
“Hay que ser prudente, y tal vez haya muchas cosas que aclarar según lo que aún no es oficial, porque ahí se seguiría privilegiando una mirada de mercado, pero nosotros preferimos esperar”, recalcó el dirigente.
Esta reserva, para los dirigentes ciudadanos, se convierte en una consideración crucial, debido a que en la Cámara de Diputados, podrán defender el planteamiento en el que seguirán reparando: los plazos estipulados para la reajustabilidad de la tarifa, que el Ejecutivo propone a cinco años.
“Vamos a insistir en que prime un período de 20 a 25 años para que al cabo de este Gobierno, al que le restan sólo dos, nuevamente no tengamos este problema en las calles que se puede ir traspasando de una administración a otra”, señaló Hernández.
Por ello es que enfatizó en que “no vamos a dar anuencia a un proyecto que no esté a la altura de lo que la gente pide”, lo que se conocerá fehacientemente, según indicó, sólo cuando la iniciativa ingrese al Parlamento, donde será oficiada de inmediato a la comisión de Energía o Minería de la Cámara Baja para comenzar su discusión.
Los antecedentes revelados también volvieron a generar las suspicacias en Alejandro Kusanovic, titular de la CPC, quien ayer aseveró que “es preocupante no saber el mecanismo exacto cómo se van a fijar los precios, porque al respecto ronda mucha incertidumbre”, a lo que añadió que “los parlamentarios van a tener que estar muy atentos en defender frente a lo que la comunidad planteó”.
Respecto del subsidio que ahora se extenderá al sector industrial, manifestó su preocupación frente a la posibilidad que éste, como lo dispone uno de los artículos, quede al arbitrio de un reglamento lo que seguiría dejando sin definir, a su juicio, la situación para estos tipos de consumidores.
“Hay algo ambiguo ahí con lo que hay que tener especial cuidado, por ello, la luz de alarma debe estar en este tema”, dijo Kusanovic.
Quienes van a estar en la vereda legislativa a partir de la próxima semana, por su parte, manifestaron sus impresiones desde diferentes aristas.
El diputado independiente Miodrag Marinovic expresó la voluntad de querer ser riguroso en torno a esta discusión y marcar, sobre todo prudencia, en pos de los intereses de los magallánicos, por lo que anunció estar abocándose a estudiar cada uno de los puntos, en conjunto a un equipo de expertos de manera de asegurar que el proyecto sea acorde a lo que pide la gente.
“Quiero mantener la misma línea de cautela y esperar porque en el análisis hay que ser responsables”, puntualizó el parlamentario.
La congresista democratacristiana, Carolina Goic, señaló, en la misma línea de la CPC que “sin duda se va a necesitar abordar en detalle todos los aspectos, porque, a su juicio, “me da la impresión que lo conocido hasta ahora, no aborda con claridad todos los temas”.
Su principal duda gira en relación al modo cómo se determinaría el valor de la tarifa que según indicó, “mantendría una lógica de mercado”.
Por ello enfatizó en que el proyecto va a avanzar en la medida que estén todos los elementos claros, porque “no vamos a permitir que tenga letra chica”, declaró, agregando que “las primeras luces que da este documento es que quedan muchas dudas pendientes”.
Para el senador independiente, Carlos Bianchi, “parte todo mal”, al momento que el Gobierno decidió zanjar este debate por la vía legislativa y no a través del tesoro público, como ha venido proponiendo desde un principio. Ahora, en torno a los antecedentes, plantea que sería una imprudencia “hablarlo” de inmediato a favor o en contra, pero que una lectura “rapida” del texto extraoficial deja un manto de dudas que reconoce en ambos aspectos: los precios de mercado y la aplicación del subsidio.
“Nos vamos a encargar que la iniciativa dé garantías en estos términos a los que ya se comprometió el Gobierno”, dijo Bianchi, sosteniendo que para que saliera un buen proyecto de ley no se iba a poder negociar con una “pistola en el pecho” en término de plazos.