En la nueva justicia penal adolescente, la privación de libertad es el último recurso y por ello el sistema estableció varias sanciones que pueden cumplirse en el medio libre. El problema es que la demanda aumentó en Punta Arenas y los cupos que inicialmente se asignaron están sobrepasados.

Fue esto lo que llevó a la Fundación Esperanza a solicitar al Juzgado de Garantía dejar sin efecto la supervisión de ocho menores, medida que fue acogida por el juez Juan Olivares, pero con el rechazo y tenaz oposición del fiscal Oliver Rammsy.

En la audiencia, celebrada el pasado viernes, se explicó que la petición de la Fundación Esperanza era factible de concretar en virtud de que la mayoría de los jóvenes tenían cumplida una parte importante de la sanción. Así y todo el representante del Ministerio Público se opuso, argumentando que las medidas deben cumplirse a cabalidad y no medianamente, de lo contrario no tiene sentido que se invierta dinero en programas de este tipo.

El mismo juez realizó una observación sobre este hecho, haciendo notar que no es posible dejar de atender jóvenes por falta de cupos.
El Servicio Nacional de Menores dispuso en la partida del sistema judicial de 55 cupos para sanciones en el medio libre, “entregándoles nuevas herramientas para su futuro”.

En el medio libre existen la libertad asistida y la libertad asistida especial, donde los adolescentes quedan a cargo de un delegado que les prepara un plan de intervención individual “con el objetivo de lograr la reinserción a través del control, de la responsabilización y de la integración social a través de educación o capacitación laboral”.

El Servicio Nacional de Menores licitó la ejecución de las medidas en el medio libre, adjudicándose la Fundación Esperanza los programas de libertad asistida y medidas reparatorias.

Cuando a mediados de junio de 2007 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se entregaron 90 millones de pesos para financiar las medidas en el medio libre, distribuidos en 13 cupos para libertad asistidas, 19 para libertad asistida especial, 15 para medidas reparatorias y 8 cupos para medidas cautelares.