De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República emitido ayer, en 286 de los 345 municipios hubo incrementos ilegales de remuneraciones, amparados en una interpretación de una norma de 1980, para compensar la disminución de la renta imponible con el cambio del sistema previsional. En tal sentido, el alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa, sostuvo que siempre rechazó esta práctica, que a su juicio configura el delito de enriquecimiento ilícito que -dijo- debe ser sancionado. Mientras, el alcalde de San Miguel, Julio Palestro (en la foto), aseguró que hubo jefes comunales que efectivamente “se pasaron de vivos” interpretando la norma.