
El rol paralelo que algunos de los representantes cumplen en organizaciones gremiales o vecinales junto con pertenecer a la ACM, generó que ciertas personas acudieran a la cita en su calidad de dirigente, y no como integrante de la asamblea, como el caso del vicepresidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, Carlos Aro, quien se reunió con el Jefe de Estado en dicha calidad y no como vocero de la ACM, lo que hasta el día de hoy ha generado críticas, teniendo Aro que salir a explicar en más de una oportunidad su participación en el encuentro.
Una situación incómoda también vivió el presidente regional del Colegio de Profesores, Julián Mancilla, quien en plena conferencia de prensa vio como los voceros de la ACM, José Hernández, Marcela Baratelli y Dalivor Eterovic llegaron a la sede del Magisterio a reprocharle su asistencia a la reunión con el Mandatario.
Esta misma semana, el intendente Arturo Storaker explicó que la asamblea no había sido invitada porque a su juicio está abarcando muchos temas sociales, pero no está concretamente en ninguno. Además, para él la temática del gas ya no depende de la región ni del Gobierno, sino que del Parlamento, por los trámites legislativos que ya se iniciaron.
Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Punta Arenas, Rosa Zúñiga, hace meses que viene manifestando públicamente que el papel que desarrolló la ACM fue importante en el conflicto, pero que ya cumplió su objetivo, porque en definitiva, nadie los ha elegido democráticamente para que se atribuyan la representación ciudadana permanente, la misma que realizan los dirigentes vecinales, de gremios, asociaciones, entre otros, que son votados por sus pares.
Asimismo, hay quienes desaparecieron de la escena pública social, a pesar de que tuvieron una importante participación durante el paro regional en contra del alza en el precio del gas, como fue Ramón Vargas y Eugenio Bahamonde.
Ante la división que se dejó ver esta semana y que separó a quienes afirman levantar la misma bandera de lucha, se devela que las cosas han cambiado mucho desde el 18 de enero pasado, cuando se firmó el acuerdo con el Gobierno para trabajar en la mesa del gas con miras a la elaboración de un proyecto de ley que estableciera el sistema para tarifar el precio del combustible.
Estrategia o no, el resultado fue la división entre los dirigentes sociales como no se había visto anteriormente, donde cada representante electo optó por aprovechar de plantearle al Presidente las necesidades de sus pares, cumpliendo con la responsabilidad que le fue delegada, más allá de las diferencias que han manifestado muchos de ellos con la actual gestión.