Además de los costos frente a la ciudadanía que está sufriendo la actual administración municipal por el conflicto judicial que se ha generado debido a la adjudicación del contrato para el retiro de la basura a Servitrans, existen desembolsos económicos que, por sus montos, hacían esperar que el último pronunciamiento del Tribunal de la Contratación Pública (TCP) hubiese sido favorable para la Municipalidad de Punta Arenas, Según lo expuesto hasta ahora, la justicia está obligando al municipio a realizar todo el proceso efectuado en los últimos dos meses de nuevo, a pesar de haber contratado asesoría jurídica externa para afrontar la diligencia.
Tras un viaje a Santiago el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo propuso al Concejo Municipal que se contratara a la firma de abogado Ramírez & Pfeffer con un costo de
$ 120 millones a todo evento, para que asesora al municipio en el cumplimiento que se le iba a dar al fallo del TCP que obligaba a retrotraer la adjudicación del contrato para el retiro de la basura, para que defendiera a la municipalidad frente a una nueva demanda que pudiera presentar alguna empresa que se sintiera perjudicada con el nuevo procedimiento que se iba a efectuar, y para que también asumiera la defensa en la demanda que está llevando en contra del municipio la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., que no fue adjudicada en el primer llamado a licitación para el retiro de la basura, a pesar de que cumplía con todas las bases y obtuvo el mejor puntaje entre los oferentes.