El aumento exponencial de rayados en la propiedad pública y privada, ha evidenciado la impunidad de sus autores, por lo que pronto comenzarán a regir duras penalizaciones en Punta Arenas. El arte del graffiti es un tipo de pintura de base muralista, pero derivado a líneas pop en la seudo cultura del hip-hop neoyorquino. Se les denomina escritores. Sin embargo -corrientes plásticas aparte- en Punta Arenas lo que sobran son meros rayadores.
Un tipo de sujeto, que sin justificación alguna provoca destrozos y contaminación visual, con tal constancia que ha alcanzado la denominación social de “vándalo”.
Es así que la ciudadanía ha visto sus casas convertidas en tapiz de todo tipo de consignas políticas que reproducen discursos impregnados, hasta garabatos e insultos sin causa ni sentido, tal como lo constató Diario El Pingüino en un recorrido por la ciudad (arriba y derecha). Esto ha obligado a los puntarenenses a gastar desde hace un tiempo hasta esta parte, cada vez más de su presupuesto en tarros de pintura que cubran el perjuicio.
A raíz de ello, el concejal José Saldivia (DC), quien preside la comisión de Régimen Interior, viene promoviendo largamente la imposición de sanciones a los impunes rayadores y destructores de la propiedad pública y privada.
“La sensación de impunidad deteriora la convivencia, por lo mismo los actos no cívicos se deben sancionar y las conductas molestas y generadoras de conflictos se ven como el resultado del no respeto y consideración al otro. Hay que establecer medidas que permitan terminar con las acciones que agreden la convivencia ciudadana, en la cual debe primar por sobre todo el respeto”.
De esta manera comienza la sentencia social del documento que solicita una ordenanza que limite el actuar vandálico, con lata de spray en mano, y que ya ha logrado superar casi todas las etapas de revisión, antes de ser presentada a votación por el alcalde en reunión de concejo y ser promulgada con su publicación en el Diario Oficial.
“Han participado distintas instancias de la municipalidad. Hemos tenido la colaboración del juzgado de policía local, que nos orientaron a poder establecer una ordenanza que efectivamente pueda sancionar. Y las sanciones están estipuladas dentro del marco legal”, explicó el concejal.
Dichas sanciones, se determinó, irán entre una UTM ($ 38.634) y 5 UTM ($ 193.170), dependiendo de factores a considerar en cada caso, como la gravedad del destrozo o la relevancia patrimonial del edificio, monumento, o propiedad pública que haya sido víctima del surrealismo más pedestre. Al igual, se ha contemplado en la propuesta el pago de multa con trabajo comunitario, cuando la situación lo amerite.
Saldivia expuso al respecto que “el criterio de gravedad va en el tipo de daño que se ha ocasionado, dónde se ha hecho, la reincidencia, las pruebas, es decir si la persona anda con los spray en la mochila”, tal como se le descubrió a dos universitarios que fueron detenidos la madrugada del jueves, tras realizar rayados en avenida Colón con calle Bories.
Así, la decisión de penalizar -o no- quedaría, en última instancia, en manos del Juzgado de Policía Local.
Entonces, tal como detalló Saldivia, “los responsables de hacer cumplir la ordenanza es Carabineros. También, los inspectores municipales pueden denunciar a las personas descubiertas in fraganti”, aseguró.
Para respaldar la fiscalización se utilizarán las imágenes obtenidas de cámaras de tele-vigilancia, de cuyo número “se está trabajando para duplicar las que hoy existen en la ciudad”, aseguró el concejal.