Sigue causando reacciones, al interior de las autoridades de Justicia, el anuncio que realizara el ministro de la cartera, Teodoro Ribera, sobre la revisión de los fallos de los jueces de garantía antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial. En suma, confirmaría su posición en entrevista con el Diario Financiero, donde sostuvo que “¡Jamás! ¡Nunca! No estoy arrepentido”, de tales declaraciones.
Ayer el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, hizo mención a este hecho al tomar el juramento de abogados en el máximo tribunal.
En esa oportunidad, el juez señaló que en las altas esferas del país existe hoy en día una “devoción política” para “desbordar” el equilibrio de las tareas que hay dentro del Poder Judicial.
“La misma Carta Fundamental dispone que nadie, a parte de la jurisdicción, pueden en caso alguno, ejercer funciones judiciales abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones para hacer revivir sucesos perecidos, normativa que es necesaria recalcar, sobre todo en esta época en que se observa una devoción política para desbordar este necesario equilibrio, amenazando con ello, la independencia de quienes en resguardo de la misma constitución, aseguran derechos fundamentales”, expuso Milton Juica.
En seguida, el magistrado recordó la autonomía que éticamente subsidia el actuar judicial: “Para los abogados esta exigencia que sean estudiosos del derecho y entender la correspondencia de la ley y los hechos que se refiere, a los jueces, que asuman su compromiso de juzgar los hechos en un plazo razonable, y a las demás autoridades, de respetar las autonomías que la Constitución señala al respecto de los órganos del Estado y en lo posible, aportar en la absolución de los conflictos sociales, teniendo real conocimiento de las normas jurídicas que regulan las competencias contenidas”.
Para dejar en claro la posición, el pleno de la Suprema redactó pasado el mediodía de ayer un acta -que será remitida al Presidente Sebastián Piñera, por medio del ministro de Justicia-, donde se indica que “en su vertiente externa importa que ninguna persona está autorizada para interferir en las determinaciones de los jueces. Para hacerlo deben comparecer al juicio como parte y ejercer los derechos que la ley contempla. El contenido de las resoluciones jurisdiccionales no son factores que puedan ser considerados en la formación de los temas que se confeccionen para el nombramiento de los jueces”, indica el documento.