Los números que han marcado el conflicto de la basura

General
01/11/2011 a las 20:25
Desde el momento en que se adjudicó el contrato para el retiro de la basura domiciliaria a Servitrans, se han sucedido constantes conflictos que han mantenido a la Municipalidad de Punta Arenas en permanentes polémicas, pero no sólo eso, también han debido destinar importantes recursos y tiempo en su defensa jurídica, ya que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, esta licitación se ha manejado directamente en tribunales. El 18 de enero de 2010, el Concejo Municipal de Punta Arenas con votación dividida adjudicó el contrato a Servitrans, y dos días después el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo firmó el decreto en que se oficializaba la adjudicación, momento en que se iniciaron los múltiples problemas judiciales que hoy está enfrentando el municipio, ya que a pesar de que la defensa confirmó hace un par de semanas que se terminó de cumplir el pronunciamiento del Tribunal de la Contratación Pública (TCP) y de la Corte de Apelaciones de retrotraer el proceso, la nueva solicitud de anulación presentada por la compañía Áreas Verdes abre una nueva arista que se debe defender.
Además, aún restaría un último fallo del TCP, respecto de si acoge el decreto firmado por el edil en el que se readjudica a Servitrans, ya que en su pronunciamiento emitido el 14 de octubre, se indica que el municipio no habría realizado todo el proceso de la manera correcta, y los insta a efectuar todo el procedimiento nuevamente, pronunciamiento que según ha manifestado el abogado de Recotrans, Ricardo Leal, quien inició este trámite judicial, el TCP mantendrá a pie firme, pues insiste en que los pasos realizados por el municipio no se cumplieron como la ley lo indica. Este último fallo incluyó que el municipio debe cancelar los costos económicos en que incurrió Recotrans durante estas diligencias.
Pero además de esta arista que está pendiente, y del recurso de anulación presentado por Áreas Verdes que se está recién iniciando, existe otra querella que está vigente, y es la que inició la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., que fue la empresa que postuló al primer llamado a licitación para el retiro de la basura, y no fue adjudicada a pesar de cumplir con todas las bases exigidas. La firma está demandando por $ 714 millones al municipio por daños y perjuicios.
Para hacer frente a todos estos trámites judiciales, el Concejo Municipal también con votaciones divididas, ha decidido contratar a abogados externos que se hagan cargo exclusivamente de su defensa, lo que ha bordeado un costo de $ 140 millones, los que son cancelados a todo evento, es decir, se gane o se pierda.
El actual estudio jurídico Ramírez & Pfeffer tiene un costo para el municipio de $ 120 millones y, anteriormente, se había contratado a Zarko Luksic por $ 3 millones y a Gabriel Zaliasnik que cobró $ 6 millones y otros $ 8 millones para apoyar la causa que llevaba su colega anteriormente indicado.
Todo este gasto económico ha significado un desembolso por parte de la municipalidad que se concreta realizando modificaciones presupuestarias y retrasando ciertos proyectos para reunir los recursos necesarios con el fin cancelar estos compromisos que han debido asumir, ante la disconformidad de los oferentes respecto a cómo el municipio ha cumplido el proceso de licitación.
A esto, se añade que el precio que deben cancelar los vecinos por el retiro de la basura, aumentará desde el próximo año en un 16% nominal, lo que fue influido en gran medida por las cancelaciones que se le debe efectuar a Servitrans, que suman $ 91.630.000 mensuales, cerca de $ 20 millones más que la anterior empresa encargada y a la oferta que cumplía con todas las exigencias en la última licitación, como fue Áreas Verdes, pero que no se consideró para adjudicar.

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