Por el delito de infracción al mercado de valores y la ley de bancos, Pablo Alcalde, junto a otros cuatro ex gerentes de la tienda que repactó unilateralmente las deudas de sus clientes, serán llevados ante la justicia por la Fiscalía Centro Norte. La Fiscalía Centro Norte solicitó ayer al Segundo Juzgado de Garantía que fije una audiencia para formalizar al ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, y otros cuatro ex gerentes que habrían participado en las repactaciones unilaterales llevadas a cabo por la multitienda en uno de los escándalos financieros más grandes del país.
En una investigación penal, considerada histórica, por el grave delito de lavado reiterado de dinero proveniente de infracciones al mercado, deberán enfrentar ala justicia tanto el presidente de la firma, como la ex gerenta de Administración y Finanzas, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage.
Para iniciar esta medida, los fiscales José Morales y Luis Inostroza, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, lograron establecer, en una rápida diligencia, una cantidad suficiente de pruebas que sostendrán este levantamiento de cargos, basados en la entrega de información falsa a la Superintendencia, Bolsa de Valores y al público en general, operaciones ilícitas por las que se habría configurado el delito de lavado de activos.
Además, la fiscalía imputará el uso de información privilegiada por parte de la ex plana mayor de la compañía. En concreto, esta figura significaría que los ejecutivos arriesgan penas efectivas de cárcel que van desde los 10 hasta los 15 años.
El delito de lavado de activos se configura luego de que los ejecutivos, a sabiendas de las malas prácticas y las ganancias que les reportaron al poseer acciones en la firma, invirtieron ese dinero en otras sociedades. Sería la primera vez en Chile que se imputa esta acusación basándose en delitos económicos.
La empresa también en riesgo
No sólo los ejecutivos serían duramente sancionados., ya que esta solicitud contra los ejecutivos podría abrir la posibilidad de que en el futuro se establezca que los beneficios económicos, además de los imputados, fueron a dar a las ganancias de La Polar.
Si bien es discutible que las infracciones en el mercado de valores se cometieran directamente en beneficio de la empresa, ya que incluso por concepto de mayores utilidades la firma tuvo que pagar impuestos que no debería haber pagado, en lo que respecta a las infracciones a la Ley General de Bancos, no cabe duda que esos dineros sirvieron para que La Polar consiguiera créditos en la banca.
Con esto, La Polar arriesgaría incluso su futuro como empresa y sociedad anónima, ya que esta situación podría configurar el requisito que consigna la ley para sancionar la responsabilidad penal de personas jurídicas.