
El lunes recién pasado, la ministra en visita del caso Jéssica González, sobreseyó el caso dada la prescripción de los delitos del ex párroco de El Bosque, sin embargo, acreditó cuatro denuncias en su contra, y tres de ellas, constituían delitos.
Además, en la declaración insistieron también en la plena adhesión a las sentencias de la Santa Sede, en cuando a los dictámenes contra algunos miembros del clero en cuanto a acusaciones de abuso sexual.
"Junto con respetar las decisiones de la Justicia ordinaria, reafirmamos nuestra plena adhesión a las sentencias de la Santa Sede. Por otra parte, unidos a la inequívoca voluntad que el Santo Padre y la Iglesia han manifestado claramente respecto de los abusos a menores de edad, esperamos que la conformación de las unidades de Prevención y Acompañamiento a víctimas en las diócesis y congregaciones religiosas, sea también un nuevo signo de nuestra plena convicción de que no hay abuso tolerable en una Iglesia que es discípula de Jesucristo. El Episcopado en su conjunto compromete su mayor disposición para este propósito", señala el comunicado de la Iglesia.
EDUCACION
En cuanto al conflicto estudiantil, los obispos de la Conferencia Episcopal indicaron que "hemos sido testigos, y muchos católicos directos protagonistas, de un proceso de formulación de justas y postergadas demandas para mejorar la calidad de la educación y asegurar su acceso a todos los niños y jóvenes".
"Para lograr esto no basta la inyección de recursos económicos ni mejorar la infraestructura o cambiar leyes. Es necesaria, además, la formación integral de los estudiantes que los capacite como honestos ciudadanos y personas con valores humanos y trascendentes. También es esencial la continua capacitación de los docentes y una labor de mutua cooperación entre la escuela y la familia. Confiamos en que la disposición al diálogo de parte de quienes representan a las instituciones políticas, educacionales y sociales de nuestro país, así como de los mismos estudiantes, hará posible los acuerdos necesarios para que éstas, así como otras legítimas expresiones ciudadanas por medios pacíficos, se traduzcan en políticas que favorezcan el bien común de la sociedad, y especialmente resguarden a los más desfavorecidos y vulnerables", señalan.