El fiscal nacional Sabas Chahuán confirmó que el Ministerio Público está recabando antecedentes de la denuncia de colusión entre los principales productores de carne de ave en el país. La información está siendo recolectada por un equipo técnico y será entregada en las próximas semanas a la Fiscalía Oriente, quien deberá evaluar si inicia una investigación por oficio, en caso de que exista delito.
En este sentido, Sabas Chahuán fue enfático en señalar que no sólo se debe perseguir robos y asaltos, sino también los que llamó “delitos de cuello y corbata”.
Chahuán dijo que esta situación no es nueva, ya que la Fiscalía Centro Norte realizó un proceso similar, que culminó con la formalización de los ejecutivos involucrados en el caso de colusión de las farmacias.
En diciembre de 2009, la FNE presentó una acusación ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) en contra de las tres cadenas de farmacias, ya que se habían coludido para subir el precio de más de 220 medicamentos entre noviembre de 2007 y marzo de 2008.
Apuntó que la Fiscalía Nacional no tiene cuestionamientos en que se cambie la legislación y se contemplen sanciones penales para los delitos contra la libre competencia.
Según Chahuán, si hay que perseguir a delincuentes “de cuello y corbata”, lo harán, ya que no es posible que se castigue el robo de una gallina y no se castiguen las grandes estafas y fraudes a los ciudadanos.
Sabas Chahuán, explicó que esta situación no es nueva, ya que la Fiscalía Metropolitana Norte realizó un proceso similar, el que culminó con la formalización de los ejecutivos involucrados en el caso de colusión de las farmacias.
Además, apuntó que la Fiscalía Nacional no tiene cuestionamientos en que se cambie la legislación y se contemplen sanciones penales para los delitos contra la libre competencia.
La semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia en contra de las empresas productoras de pollo Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía y Agrícola Don Pollo, así como de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA).
El requerimiento acusa a dichas empresas de “celebrar y ejecutar un acuerdo entre competidores en el mercado de producción y comercialización de la carne de pollo, consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional”.
La FNE solicitó al TDLC que se le aplique a cada una de las empresas una multa por 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) equivalentes a unos US$27 millones.
En el caso de la Asociación de Productores de Pollo además de su disolución la Fiscalía solicitó la aplicación de una multa de 20.000 (UTA) equivalentes a unos US$17,5 millones.
Cabe recordar que esta colusión consistiría en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, coordinado mediante el permanente intercambio de información sensible, estratégica y detallada del negocio entre las tres empresas productoras en el seno de la asociación gremial a que pertenecen.