El timonel falangista asegura que el oficialismo está financiando su campaña en terreno con recursos y con los programas del Estado de Chile. Además, evalúan presentar ante Contraloría los antecedentes respecto al rol que está cumpliendo el intendente de Magallanes, Arturo Storaker. A las críticas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), llamado a redoblar los esfuerzos por aumentar la calidad de los proyectos que financia el Estado, ahora son los timoneles de los partidos de la opocisión quienes apuntan sus dardos a las autoridades regionales, realizando un fuerte cuestionamiento a la forma en que se está invirtiendo el presupuesto destinado a nivel central para el desarrollo regional. En resumen, los reproches se deben a la falta de obras emblemáticas de la actual administración y al uso de dineros fiscales para el apoyo de la campaña del sector político aliancista, práctica encabezada por la figura del intendente de Magallanes, Arturo Storaker.
El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Francisco Javier Ruiz, se refirió al primer punto, asegurando que faltan obras desarrolladas con el FNDR distintivas de este Gobierno y que “en el 2010 y 2011 gran parte de los gastos han sido destinados a financiar obras que fueron dejadas por la cartera de proyectos de la Concertación, en términos de originalidad no hay mucho que decir. Los mismos hospitales son diseños del periodo administrativo anterior, la ruta Vicuña – Yendegaia, la ampliación de la costanera de Natales, entre otros, son iniciativas que nacieron cuando nosotros éramos Gobierno”, afirmó Ruiz.
Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, manifestó estar de acuerdo con la crítica realizada por la CPC Magallanes, señalando que “no se trata de cantidad, sino de calidad. Aquí no basta traer más dinero a la región, también es necesario que la inversión tenga un efecto multiplicador de los recursos, es decir, que se puedan generar más actividades y mayores emprendimientos, no sólo gasto”, consignó el timonel falangista. “El año pasado el Gobierno Regional traspasó más de 3 mil millones de pesos a Corfo y Sercotec, creo que de esa manera no se propicia un desarrollo sustentable en el largo plazo”, agregó Miranda.
Asimismo, concordó con su compañero de pacto, respecto de que faltan proyectos emblemáticos y que “se necesitan desarrollar iniciativas que traigan consigo más proyectos. Un ejemplo de un trabajo bien hecho es la Costanera del Estrecho, obra que ha significado mayor calidad de vida, pero también ha generado beneficios de conectividad y también económico”, puntualizó el timonel del falange.
Respecto al hincapié del Gobierno Regional de destinar un gran porcentaje del gasto al sector social, Miranda afirmó que el intendente se autodeclaró el jefe de campaña de la derecha en Magallanes después de referirse abiertamente del tema municipal sin ningún complejo. “A él se le olvida que es el garante del proceso electoral en la región y como tal no puede estar hablando de las posibles cartas aliancistas, actitud que amerita a lo menos una revisión por parte de Contraloría respecto al trabajo que está realizando la máxima autoridad regional, porque los chilenos no le pagan para que el sea jefe de campaña de un conglomerado político”, afirmó Miranda.
“Lo que está haciendo el Gobierno es traspasar financiamiento a gasto social, que puede ser interpretado, no es menor la puesta en escena de un cargo, que del punto de vista reglamentario no existe, ¿qué es eso de la encargada de asuntos sociales? El puesto de Sandra Amar no existe, fue creado simplemente para estar en campaña en terreno con el financiamiento y con los programas del Estado de Chile, lo que claramente es una intervención”, manifestó el presidente regional de la DC.
Así las cosas, lo que comenzó con una crítica por parte del empresariado, se ha ido profundizando en términos políticos. Un escenario que se convierte en un camino distinto y que se entremezcla con situaciones que se irán desenredando en el transcurso de las semanas. Incluso con una probable denuncia en Contraloría.