El fiscal jefe de la zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, aseguró a La Tercera estar satisfecho tras la resolución del Tribunal de Alzada. "Consideramos que este es un reconocimiento a una gran labor de investigación", dijo. Esta mañana, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones decidió revocar la resolución del juez que otorgó arresto domiciliario al joven anarquista Luciano Pitronello, y ordenó que el imputado continúe en prisión preventiva.
Esto, luego que el Tribunal de Alzada acogiera la petición hecha por la Fiscalía Metropolitana Sur para mantener la medida cautelar fijada tras la formalización del joven de 23 años por el delito de colocación de artefacto explosivo.
"Consideramos que este es un reconocimiento a una gran labor de investigación donde se han establecido los delitos y su participación en estos", dijo a La Tercera el fiscal jefe Raúl Guzmán, asegurando estar satisfecho con la decisión de la corte.
El persecutor agregó que la determinación del tribunal reafirma que "se encuentra confirmada la existencia del delito", mencionando que "el ataque se efectúa hacia la sociedad", por lo que el imputado sí representa un peligro para ésta.
Guzmán también explicó que sólo el pasado 8 de febrero fue informado de la doble nacionalidad del joven anarquista (chilena -italiana), lo que implica que el imputado podría refugiarse en otro país.
Pitronello permanecía recluido en el Area de Salud del Penal Santiago Uno y el lunes fue trasladado hasta su domicilio en la comuna de Ñuñoa, luego que el magistrado del Séptimo Tribunal de Garantía, Cristián Sánchez, considerara que no existía peligro de fuga.
n esa oportunidad, el juez determinó que el imputado recibiría ocho visitas diarias por parte de Carabineros para verificar que la medida se cumpla de acuerdo a lo establecido.
Pitronello fue formalizado en noviembre pasado por los delitos de colocación de artefacto explosivo en una sucursal bancaria en Macul y utilización de placa patente de otro vehículo, por lo que debería ser procesado por la Ley Anti-terrorista, situación que lo tiene arriesgando una pena de al menos cinco años de presidio efectivo, si es declarado culpable de los cargos.