El abogado solicitó que la ex presidenta declare mediante video conferencia por su trabajo en ONU Mujer. Además comenzará el proceso de formación de la "Agrupación de Familiares y Víctimas del 27F" para presentar sus demandas y necesidades al gobierno. El abogado querellante del caso Tsunami, Raúl Meza, solicitaró al fiscal (s) Andrés Castellanos que se despachen citaciones, en carácter de urgente, a declarar a algunos ex cargos políticos en calidad de imputados. Entre ellos se encuentran la ex presidenta Michele Bachelet, la ex Directora de la Onemi Carmen Fernández y el ex ministro de Defensa Francisco Vidal.
El abogado solicitó que Michelle Bachelet declare en calidad de imputada, donde se aclarará el rol que debió asumir el 27F en dependencias de la Onemi. Bachelet tendrá que asegurar si le correspondió la decisión de descartar la alerta de Tsunami. La declaración se realizará mediante una video conferencia, con presencia del abogado defensor de Bachelet, producto de su trabajo en ONU Mujer, Nueva York.
La ex Directora de la Onemi, Carmen Fernández, declarará en calidad de imputada y futura formalizada, por las acusaciones hacia Michelle Bachelet en relación a la toma de decisiones que la ex Presidenta le correspondían tomar. Y por sus declaraciones sobre la falta de recursos y financiamiento que recaen en el ex jefe de gabinete.
En tanto para Francisco Vidal, ex ministro de Defensa, se solicitó que entregue una declaración como imputado para que se aclare el plan de comunicaciones "Plan Torrente" del Ejército, el que debería haber estado operativo y no se informó a la Ex Presidenta mientras estaba en la Onemi.
El abogado querellante, además, pedió la diligencia de careos entre la ex presidenta Bachelet y Carmen Fernández y entre el ex Ministro de Defensa, Vidal y el ex Jefe de Estado Mayor, General Le Dantec, antes de la audiencia de formalización de cargos que se realizará el 7 de mayo.
Asimismo, se hará un llamado a los familiares y víctimas del 27F para comenzar con el proceso de fundación y constitución legal de la "Agrupación de Familiares y Víctimas del 27F". El objetivo es organizar a este grupo con el fin de presentar demandas y necesidades ante el gobierno, para así recibir reparaciones legales y judiciales por el tsunami.