En la querella se acusa la venta -entre 2004 y 2005-, por parte del Instituto de Previsión Social (ISP), antiguo INP, a la multitienda, de una base de datos de sus imponentes. En el marco del caso La Polar, el Consejo de Seguridad del Estado (CDE) remitió al Ministerio Público, una querrella criminal por delito de violación de secreto previsto, acusando a la multitienda de haber comprado entre 2004 y 2005 una base de datos de sus imponentes al Instituto de Previsión Social (ISP), antiguo INP, informaron fuentes judiciales.
En la querella se señala que el director del instituto en ese entonces, Ernesto Evans, habría firmado en octubre de 2004 con el ex gerente general de la multitienda, Pablo Alcalde, un convenio mediante el cual se establecía que los pensionados podían ser sujetos de crédito.
A cambio, La Polar se hacía conocedora de información reservada de los pensionados, que incluía el número de cédula de identidad, el domicilio, el número de teléfono y el monto de las pensiones.
Frente a las acusaciones, el abogado de Alcalde, Jorge Boffil aseguró que su cliente nunca tuvo conocimiento de estos listados.
"Primero hay que ver si acaso es cierto que estamos frente a un secreto que ha sido revelado, no me consta, para nada. En segundo lugar, tampoco tengo ninguna información, que sugiera si quiera, que en la eventual venta de la base de datos haya tenido algo que ver Pablo Alcalde", argumentó el jurista.
Por su parte, Tomás Fabres, abogado que representa a la mayorí­a de los que se hicieron parte de la demanda colectiva contra La Polar, valoró el ingreso del CDE a la causa.
"Nos parece una decisión importante, que ayuda a las ví­ctimas que son los clientes repactados unilateralmente", sostuvo.