Esta instancia estará abierta hasta el 29 de marzo. La consulta ciudadana que realiza la cartera, a través de su sitio www.economia.gob.cl respecto a la nueva Ley de Propiedad Industrial, que busca incentivar la innovación, transferir el conocimiento y permitir a los consumidores distinguir de mejor manera los productos y servicios en el mercado. Esta consulta se realiza en el marco del proyecto, que será enviado al Congreso durante el primer semestre de este año, el que se enmarca dentro de las medidas de la Agenda de Impulso Competitivo que ha desarrollado y coordinado este ministerio, con el fin de eliminar las trabas burocráticas y hacer de Chile un país más competitivo.
En relación a este tema, el ministro de Economía, Pablo Longueira, destacó la importancia de la iniciativa, afirmando que “la propiedad intelectual es un tema muy importante en los procesos de emprendimiento e innovación. Uno de los objetivos de este gobierno es hacer de Chile un país más competitivo. Conocer la percepción ciudadana mediante esta herramienta participativa, que nunca antes se había aplicado en este ámbito, sin duda fortalecerá este cuerpo legal”, expresó.
El director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, indicó que esta reforma deberá tener positivos efectos en tres grandes áreas. “En materias sustanciales, como puede ser la posibilidad de incorporar nuevas categorías existentes de propiedad industrial; la segunda en procedimiento nos permitirá mejorar el proceso de tramitación de estos derechos y, la tercera, en el ámbito de la observancia, podremos mejorar los actuales mecanismos que existen para asegurar el respeto de las normas de propiedad industrial en Chile”, aseguró.
El borrador del proyecto de ley que es presentado a la ciudadanía, pretende fortalecer la protección de los derechos de propiedad industrial, a través de la regulación de nuevos tipos de protección, como son las nuevas categorías de marcas, y de las materias de exclusión de protección, ya sea de marcas o patentes.
Además permitiría mejorar y agilizar los actuales procedimientos de registro de los derechos, considerando que tramitaciones dilatadas pueden producir que los derechos de las partes no sean oportunamente resguardados. Finalmente se pretende fortalecer las normas de observancia, ante la necesidad de que existan mecanismos para asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial.