Hernán Contreras, abogado del alcalde de Timaukel Atilio Gallardo, declaró que fue un despropósito que se ordenara la incautación de los 16 computadores de la entidad y acusó al fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre, de actuar con “excesivo celo”. En el marco de la querella que el Consejo de Defensa del Estado presentó por malversación de caudales públicos, la fiscalía solicitó al juez de Porvenir, Cristián Matus, una orden de incautación, que le fue otorgada y que el propio Felipe Aguirre se encargó de cumplir el miércoles, con detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, con quienes llegó al apartado municipio de Tierra del Fuego.
El abogado solicitó al tribunal una audiencia, la que se agendó para el próximo martes, donde espera revertir la incautación. Aunque está consciente de que, por una deficiencia del nuevo sistema procesal penal, el mismo juez que otorgó la orden de incautación es quien debe resolver la validez de la misma.
En abierto cuestionamiento al proceder del fiscal, Contreras dijo que cuando un Tribunal de Garantía da curso a una querella criminal lo lógico es que el fiscal investigue y que haga su trabajo. “Eso es incuestionable, pero otra cosa es cómo el fiscal realiza esta investigación”.
Recordó que hay un principio consagrado en el Código de Procedimiento Penal, que establece que el fiscal debe responder al principio de objetividad: “En definitiva esto significa que debe haber un cierto equilibrio y cierta ponderación entre si se está investigando un tráfico de lavado de activo o un delito funcionario”.
Por lo tanto, al abogado del jefe comunal le parece “una exageración, una impertinencia, una arbitrariedad, un despropósito ordenar la incautación de los computadores, no solo pertenecientes al municipio sino también a los funcionarios, que son computadores privados”.
Además, recordó que toda la documentación relacionada con la querella en contra del alcalde se funda en una investigación exhaustiva de la Contraloría Regional, y en ella están todos los antecedentes materia de la investigación.
“Incautar los computadores de una institución pública no es una cuestión menor, y supone dejar inactiva a dicha institución, además tampoco sabemos si el propósito que tuvo el fiscal al incautar estos ordenadores fue recabar información. De ser así, en los ordenadores podría haber información privilegiada, correspondiente al llamado ‘secreto profesional’”.
El jurista estima que en este caso existió “un exceso de juventud, un excesivo celo profesional”, de parte del fiscal Aguirre.