
La medida fue anunciada por el tutular de Educación, Harald Beyer, tras participar en la firma del proyecto de ley que establece un sistema unificado de becas y créditos, tanto para instituciones públicas como privadas, que excluye a la banca privada y será financiado íntegramente por el Estado.
Con este requisito de acreditación, se pretende que las instituciones que reciban recursos públicos garanticen un nivel mínimo de calidad en la enseñanza a sus alumnos.
"Las instituciones tendrán que estar acreditadas por al menos tres años para que los estudiantes puedan acceder" a las ayudas, informó el ministro Beyer, argumentando que "ése es el requisito mínimo que tenemos que exigir para tener certeza que están entregando programas de calidad".
El anuncio se realiza luego de que se conocieran graves denuncias en contra de la Universidad del Mar, cuyo ex rector, Raúl Urrutia, acusó presiones de la junta directiva para priorizar el pago de arriendos a inmobiliarias por sobre sueldos y cotizaciones a los profesores. A esto se suman quejas de profesores y alumnos de que la institución no estaba cumpliendo con los programas ofrecidos.
Según consigna La Segunda, si esta ley estuviera rigiendo ahora la Universidad del Mar no cumpliría con el requisito del Gobierno, ya que tiene una acreditación de sólo dos años, la que vence en diciembre próximo. Lo mismo ocurriría con otras seis universidades: las estatales Arturo Prat y UTEM y las privadas UCINF, SEK, ARCIS y Pedro de Valdivia. Otros cinco institutos profesionales y dos centros de formación técnica estarían en la misma situación.