No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El pasado 28 de mayo la empresa Rayén SPA se querelló por falsificación ideológica contra quienes resulten responsables, oportunidad en la que anunció una próxima acción judicial, pero esta vez por calumnias contra su ex subcontratista Carlos Fuentes. Transcurridos los días, la propietaria de la compañía, Patricia Leiva, y el abogado Juan José Arcos, decidieron interponer la querella el próximo lunes.
A su vez, como dijo el jurista, se harán parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Regional sobre el caso Rayén, donde el intendente Arturo Storaker presentó los antecedentes referidos a los procesos que se llevaron a cabo tras el aluvión, sosteniendo que se entregaron todos los procedimientos del Comité Operativo de Emergencias (COE) referentes a la aprobación de contratos, como asimismo la totalidad de las actas.
Agregó que por ende se entregará un dosier con las más de 500 viviendas que han sido atendidas por Rayén; las máquinas que se han arrendado a otras empresas; los detalles de los sueldos, y las facturaciones. “Aquí no hay nada que ocultar, la información es absolutamente transparente”, enfatizó Arcos.
“El objetivo es que salga a relucir la verdad, que no se hablen más mentiras ni calumnias. Nosotros fuimos contratados para hacer una limpieza, hacer un trabajo y ese trabajo se hizo y eso es lo que queremos que salga a relucir, el trabajo que hicimos y no las mentiras que está hablando la gente”, manifestó Leiva.
Facturas emitidas
La querella presentada por Leiva, se relacionó con las facturas emitidas por Carlos Fuentes a la compañía, las que según se señala en la medida, fueron recepcionadas por alguien ajeno a Rayén, figurando el nombre de Juan Pérez González, quien “jamás ha sido funcionario de esta empresa ni ha tenido poder o mandato alguno de representación”.
“Claramente el señor Fuentes, con el fin doloso de proceder al cobro judicial de documentos que superan con creces las prestaciones pecuniarias otorgadas a nuestra empresa, se ha valido de la colaboración del señor Pérez, utilizando sus datos, para dar una apariencia de legalidad a dos documentos que de acuerdo a la ley tienen el carácter de ejecutivos, para de esta forma engañar a los tribunales de justicia, no siendo descartable la opción que incluso se haya usado la identidad de Juan Pérez González sin que él haya suscrito los documentos, situación que deberá zanjarse en el proceso penal que se incoe como consecuencia de la investigación que se ordene instruir a propósito de esta querella”, señaló la medida judicial, con la que el denunciante espera “aplicar a los autores la pena de presidio menor en su grado máximo por cada uno de los ilícitos, ya que las falsedades se han cometido en facturas que aún cuando no son en rigor una letras de cambio, corresponden a un documento mercantil transferible que genera un título ejecutivo”.