Diputados de la Concertación llamaron a La Moneda a adoptar medidas más claras ante la destitución del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y retirar el embajador de Chile en ese país. El diputado Marcelo Díaz (PS), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sostuvo que el Gobierno ha actuado con un “exceso de prudencia” ante el hecho, que calificó como “golpe de Estado”.
“Las cosas hay que llamarlas por su nombre y no caer en eufemismos. Lo que ocurrió en Paraguay fue un golpe de Estado y el Gobierno chileno tiene que calificarlo como tal y actuar en consecuencia”, sostuvo el parlamentario.
A juicio de Díaz, “el Gobierno está siendo demasiado complaciente con la situación en Paraguay” y sostuvo que llamar a consulta al embajador le parece una medida “débil”. Por esto, instó al Ejecutivo a retirar al embajador, como lo han hecho países como Venezuela, Argentina y Ecuador.
En la misma línea, la diputada Adriana Muñoz, jefa de la Bancada de los diputados PPD, sostuvo que “estamos en presencia de una especie de golpe de Estado con guante blanco, donde se abusó de las disposiciones constitucionales de Paraguay”.
Por este motivo, sostuvo que “dentro de las medidas urgentes que debe tomar nuestro país, se encuentra el retiro inmediato del embajador chileno en Asunción”.
Añadió que “también es importante que el Gobierno de Chile adopte una decisión acordada con el resto de los países que integran la Unasur y el Mercosur, ya que ambas instancias cuentan entre sus estatutos con la cláusula democrática, en que los países se comprometen a rechazar todo intento de gobierno antidemocrático en los países que lo integran”.
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó ayer una acción de inconstitucionalidad presentada el viernes por el ex presidente Fernando Lugo para anular el juicio político que le entabló el Congreso, informaron fuentes judiciales.
La sala constitucional de la Corte rechazó “in límine (sin analizar)” la acción presentada por el ex Presidente para denunciar la supuesta violación del derecho a la defensa en el juicio político.
Los ministros de la máxima instancia judicial de Paraguay Víctor Núñez, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes firmaron el archivo de la denuncia.
La iniciativa de Lugo se basó en la supuesta parcialidad de los senadores, en el sentido de anunciar anticipadamente el resultado del procedimiento de juicio político (la destitución), además de violar el derecho a la defensa.
Los abogados de Lugo cuestionaron el tiempo otorgado para preparar su defensa, que fue de dos horas.
Sin embargo, la Constitución de Paraguay otorga al Senado la potestad de establecer el plazo para la defensa.