Arturo Lillo señaló que esta instancia ha llevado a cabo una “labor seria y profesional” y rechazó acusaciones. En medio del conflicto que se ha prolongado por más de cinco años, entre los usuarios de Zona Franca y la sociedad concesionaria, el seremi de Hacienda, Arturo Lillo defendió la labor que ha realizado la Comisión de Control y Seguimiento señalando que se está efectuando una labor “seria y profesional, por lo que, en ocasiones nos parecen inapropiadas las declaraciones que se emiten a través de los medios de comunicación, donde incluso se habla de posibles falsificaciones al instrumento público, algo que por lo demás esta comisión comprobó que no era cierto acorde a los antecedentes que se pudieron recopilar”.
Lillo señaló que lo que cada parte quiera aportar a la comisión será tomado como un insumo para confeccionar la información y en ningún caso como “presión” para terminar con el conflicto que mantiene quebradas las relaciones entre la asociación gremial y la empresa concesionaria.
Antigua concesionaria
En medio de las críticas cruzadas entre la Sociedad de Rentas Inmobiliarias, los usuarios y autoridades regionales, la antigua concesionaria salió al paso de las críticas difundidos por la actual concesionaria de la Zona Franca, en los que permanentemente compara sus aportes con el de los anteriores concesionarios, la sociedad de Inversiones Otway actual propietaria mayoritaria de Parenazón, ex administradora de dicho recinto afirmó que “los contratos de concesión de ambas sociedades establecieron obligaciones diferentes para ambas, entre otras cosas, en relación al precio de la concesión. Esta diferencia se explica porque sus objetivos son disímiles. Cuando Parenazón administró la Zona Franca el objetivo de éste fue incentivar el comercio y la actividad industrial en la región, no aumentar las arcas del Estado, como ocurre en la actualidad”.
Agregan que durante su periodo se cumplió cabalmente las obligaciones que le impuso el contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas. Así, durante su gestión, nunca fue multada por incumplimiento de sus obligaciones con el fisco, cuestión que marca otra diferencia con la actual administración ejercida por la SRI, que según se ha informado por los medios de comunicación, ya acumula al menos una multa durante su gestión y se le reprocha, permanente y públicamente, el incumplimiento de otras importantes obligaciones contractuales.
Comienzo del conflicto
Con 22 objeciones que se realizaron al contrato de concesión, por parte de la Contraloría, habría comenzado este conflicto que se ha extendido por más de cinco años, periodo durante el cual, las partes han realizado acusaciones mutuas. Finalmente dicho contrato debió ser reescrito por abogados del Gobierno Regional.
El comienzo de la SRI no fue fácil, lo que se vio reflejado en notas de prensa que señalaban “que en un comienzo, era ínfimo el porcentaje de usuarios que había suscrito el nuevo contrato”.