Durante la jornada de ayer se realizó una nueva sesión de la Comisión de Control y Seguimiento de Zona Franca, en las dependencias de la Seremía de Hacienda, donde se abordaron distintas materias entre las que se cuentan las obras comprometidas y las multas cursadas. A pesar de que los integrantes de dicho consejo consultivo no quisieron referirse a este tema en forma oficial, trascendió que la Comisión de Control y Seguimiento de la Zona Franca habría rechazado la apelación interpuesta por la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), cuyos resultados oficiales serían dados a conocer durante la jornada de hoy.
Antes de la sesión, el seremi de Hacienda, Arturo Lillo, recordó que la concesionaria de Zona Franca presentó esta apelación a la intendencia, “por lo que es el intendente quien decide finalmente si acepta o no el fallo”.
Al ser consultado, el intendente de Magallanes, Arturo Storaker, aseguró que confirmará la decisión que recomiende la Comisión de Control y Seguimiento. Mientras que en relación a las obras propuestas para reemplazar el rodoviario el intendente explicó que eso tiene que ir a toma de razón.
Por su parte, Lillo comentó que a partir de esta sesión se van a comenzar a tomar decisiones en los distintos puntos de conflicto. “Los planteamientos que hicieron cada una de las partes, serán analizadas. Nosotros recibimos hace un tiempo atrás al directorio de la Cámara Franca, ellos hicieron una exposición y realizaron una entrega de documentos respecto de cómo se está llevando el contrato de concesión y nosotros hicimos lo propio, después con los directivos de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias donde se expuso completamente su punto de vista y la idea es empezar a analizar cada uno de estos planteamientos”.
Mientras que en relación a la temática abordada en el encuentro además de la multa y del recurso de reposición se abordaron las obras que quedaron al alero de Rentas Pacífico Sur, una sociedad gemela y esta propuesta alternativa de corrección que es la Fusión por Absorción y el plan de obras que reemplazará al terminal rodoviario.
La primera autoridad regional explicó que la aprobación o rechazo de los cambios en las obras deberá ser sometido a toma de razón por la contraloría. Recordó que “cuando hay un mayor beneficio la lógica indica que debería hacerse, pero igual tiene que ir a Contraloría. Es un contrato público y en estos casos la autoridad está para hacer cumplir los contratos y no para interpretarlos, pero hay una cierta lógica, cuando hay una obra que es muy buena pero que nadie la va a ocupar, la esencia es que ayude a la comunidad magallánica. Todos queremos un rodoviario, estupendo, pero si no lo van a ocupar las empresas que operan los buses, lo lógico es que se busque una salida al tema”.