Luego del destape que dejó al descubierto la colusión de precios entre las tres cadenas de farmacias más grandes que operan en Chile, las autoridades regionales se reunieron ayer en la intendencia para manifestar su preocupación y amparo hacia los consumidores.
Las palabras del intendente (s), Eduardo Barros, fueron elocuentes: “Estamos atentos y vamos a utilizar todas las herramientas legales que dispone la institucionalidad para amparar los derechos de los consumidores frente a los precios de los medicamentos”. De esta forma, Barros dio una clara señal de apoyo y respaldo a la comunidad local en torno al tema.
Ayer la noticia generó intensas manifestaciones a nivel nacional, las que incluso provocaron que algunos locales sean cerrados momentáneamente.
Sin embargo, en Punta Arenas el panorama fue de completa normalidad y no se produjeron reacciones violentas, salvo algunos comentarios en todos los sectores.
Barros señaló que los medicamentos son un bien público, por lo que el Gobierno va a aplicar todas las acciones que le corresponda para hacer respetar el derecho de las personas, especialmente de los sectores vulnerables.
“Nosotros tenemos muy separada la línea de la política y la de los negocios, y por eso vamos a proceder por el momento, con acciones en terreno, y de otro tipo, cuando avancen los procedimientos de investigación y se pronuncien las entidades nacionales para emprender las acciones correspondientes”, aseguró el intendente subrogante.